* Hechos intimidantes revela el periodista Luis Eduardo González, luego de denunciar compras poco claras de la alcaldesa Johana Aranda.
Director de El Olfato.com
Amenazas y montajes contra medios que, en cumplimiento de su misión, revelan la corrupción estatal, como en el caso de la alcaldía de Ibagué, constituyen un atentado contra la libertad de prensa y de expresión consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Unión de Naciones Unidas.
También la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 20 contempla este derecho, perfeccionado en varias leyes y sentencias de la Corte Constitucional, que cobijan el principio que los ciudadanos tienen de informarse veraz y a tiempo sobre todos los sucesos de interés social o particular, como garantía por la que han luchado a través de la historia los diversos países del mundo, lo que implica el rechazo a todo tipo de interferencias del Estado a la labor que cumple la prensa en su trabajo rutinario.
La tarea de los medios de comunicación goza de amparo especial, y su misión no debe ser obstruida por ningún funcionario o ente gubernamental, como sucede aquí, según las denuncias que hace el director del El Olfato.com, Luis Eduardo González, que rayan con el Código Penal porque no solo atentan contra la libertad de prensa y expresión sino también contra la vida de periodistas que investigan hechos presuntamente delictuosos realizados en la Alcaldía de Ibagué, en cabeza de Johana Aranda y de su esposo Juan Arturo Gutiérrez, destacados alumnos de su mentor y promotor, el funesto exalcalde Andrés Fabián Hurtado.
El grotesco hecho que denuncia el director de El Olfato, debe ser investigado con toda severidad por las autoridades, principalmente por la Fiscalía, para que se establezcan responsabilidades en un hecho, que nunca antes se había registrado en la historia del periodismo ibaguereño, pues el acoso, los montajes y el chantaje, no solo está en el vulgar espionaje y ofertas halagadoras a los periodistas que trabajan con González, por parte de la administración, para que cuenten y revelen la forma como trabaja el medio en mención, con el fin posterior de tenderles celadas.
El colega Humberto Leyton, asimismo denuncia como, en el caso de este portal, El Cronista.co, en el gobierno de Hurtado, también fueron contactados en varias ocasiones por emisarios que enviaba el exfuncionario, para ofrecer pauta publicitaria a cambio del silencio, pero en todas esas ocasiones le hicieron saber que estaban prontos a recibir la pauta, pero no a modificar la línea editorial en la que se han mantenido desde su fundación. Y agregó “No estamos dispuestos a arrodillarnos o inclinarnos ante ningún gobierno o persona natural o jurídica, que quiera pisotear nuestros principios de prensa libre, independiente, responsable y veraz. Para infortunio de quienes profesamos unos principios profesionales y éticos indeclinables en el periodismo, el costo a pagar es sobrevivir con la pauta que nos brinden quienes no nos ponen condiciones, así seamos víctimas del otro chantaje, el publicitario. Con este proceder también se condiciona la existencia de los medios independientes”.
“Entretanto, existen otros medios y portales, de poco o nulo calado en la opinión y ciudadanía, que registran sumas millonarias en contratos publicitarios tanto en la administración de Hurtado y en el de la señora Aranda a cambio del silencio y la complicidad de los actos sospechosos y corruptos que nunca denuncian. Utilizan la publicidad no con la norma del costo beneficio, sino para pagar medios y periodistas soplapitos y alzafuelles, cómplices, y tan delincuentes, como los mismos que les compran el silencio”. Nuestra solidaridad y respaldo con Luis Eduardo y su medio, aparte de discrepancias o celos de competencias. En este caso se está atentando contra la libre expresión y la libertad de prensa, además de comprometer la vida de quienes investigan presuntos actos de corrupción.
Los hechos denunciados
Todo inició cuando se publicó como en cuestión de apenas año y medio y de manera inexplicable, Johana Aranda elevó cuantiosamente su nivel de vida. En el informe se muestra una camioneta Mercedes Benz, GLE 450 híbrida, modelo 2020, avaluada en $300 millones. La propietaria es Aranda desde el 27 de noviembre del año 2022, según se ve en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). De acuerdo con la publicación, la camioneta fue un regalo que recibió la alcaldesa por parte de un hombre, interesado en acceder a contratos con la Alcaldía. Sin embargo, todavía no existen los nexos de esa persona con la contratación estatal de Ibagué. En cualquier caso, resulta extraña esta lujosa compra y los aportes que hicieron Aranda y Gutiérrez a la campaña de 2023, cuando se suponía que estaban desempleados.
Cada uno aportó $50 millones a la campaña, pese a que, desde mediados del 2022 Aranda se retiró de la Secretaría de Salud de Ibagué para ser candidata y Gutiérrez de Infibagué para ser gerente de la campaña. Contrario a todo pronóstico, en ese periodo fue cuando más ingresos reportó la hoy mandataria, de acuerdo con su declaración de renta. “Aranda dijo que el año pasado obtuvo $568.300.000 como ‘ingresos y rentas’ (…) En los años 2020, 2021 y 2022, sus ingresos brutos bordearon los $200 millones”, reza el informe. Es decir, ganó más dinero sin trabajar. Ni siquiera cuando la alcaldesa laboró como secretaria de Salud o bacterióloga, habría tenido ingresos tan altos como cuando fue candidata a la Alcaldía de Ibagué, apoyada por la estructura de su jefe político, el exalcalde Andrés Hurtado.
Otra ficha suelta en el rompecabezas financiero de la pareja, es la casa donde viven en el exclusivo condominio Palma del Vergel. Negocio que hizo la excongresista Alba Esther Ramírez, madre de Juan Arturo y suegra de la alcaldesa. La vivienda, oficialmente fue comprada por $650 millones al exalcalde José María ‘Chucho’ Botero, uno de los aliados políticos que llevó a Aranda al poder, otro que llegó a Ibagué sin cinco, lo hicieron alcalde y terminó multimillonario. La excongresista liberal consiguió un “gangazo”, pues los inmuebles en este exclusivo sector costarían por lo menos $1.000 millones. Allí, ahora viven su hijo y su nuera. “La propiedad fue adquirida por un precio muy por debajo de su valor comercial. No se sabe si por suerte del destino o como estrategia para evadir impuestos y no declarar movimientos de gruesas sumas de dinero en efectivo”, se lee.
Algo muy parecido ocurrió con Hurtado en su momento, quien en cuestión de poco tiempo pasó de ser un funcionario promedio a un nuevo rico de Ibagué. Desde principios del 2023 le cuestionaron a Hurtado sus excéntricas prendas y su lujosa mansión en Reservas del Campestre, para lo cual ni siquiera su sueldo como alcalde alcanzaba. Sin embargo, nunca respondió a los interrogantes que le formularon en repetidas ocasiones a través de un derecho de petición.
Lo mismo ocurre ahora con su pupila Aranda, quien se niega a responder por su impensado enriquecimiento. Lo único claro parece
