* La Contraloría Municipal de Ibagué, en medio de una exhaustiva auditoría financiera y de gestión realizada a la vigencia 2023 de la alcaldía de Ibagué, detectó 38 hallazgos entre disciplinarios y penales, entre ellos, recursos que faltan por reportar o incorporar que ascienden a más de 66 mil millones de pesos.
El primer hallazgo, refiere que hubo irregularidades en el cierre fiscal de la vigencia anterior, relacionadas con $58.426.058.256 que no reportó o incorporó la saliente administración del entonces alcalde Andrés Hurtado. De acuerdo con la Contraloría, en febrero del presente año la Alcaldía reportó $138.840.565.316 en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, sumados a $30.775.685.947 de saldo en bancos, paro un total de $169.616.251.263. Sin embargo, a corte del 31 de diciembre del 2023, dos meses antes, la cifra reportada fue de $228.042,309.519. Por tanto, la diferencia de un reporte a otro corresponde a los $58.426.058.256 que no fueron reportados. “Se evidencia que estos recursos se manejaron de forma antieconómica, ineficaz e ineficiente, es importante tener en cuenta que a este saldo no se registró la totalidad de recursos, lo que genera irregularidades en el manejo de los mismo. Por lo tanto, no se genera razonabilidad en la opinión presupuestal de la Administración Central del Municipio de Ibagué vigencia 2023”, reza el documento de la Contraloría.
FALTANTE DE $8.000 MILLONES
Otro hallazgo alarmante es el referente a $8.324.605.259 correspondientes a recursos de un empréstito, que no fueron reportados por la Alcaldía en febrero del 2024. Según la Contraloría a 31 de diciembre de 2023 la Alcaldía reportó un saldo de $53.317.136.200 por transferencias de los empréstitos, pero en febrero de este 2024 incorporó al presupuesto $44.992.530.941. Es decir, faltaron más de $8.000 millones.
“Se evidencia mal manejo de los recursos del empréstito de la vigencia 2023 de una manera ineficaz e ineficiente y antieconómica, teniendo en cuenta que dichos recursos son de destinación específica para proyectos de inversión de la Administración Central del Municipio de Ibagué vigencia 2023, se estaría afectando la inversión social registrada en un plan de desarrollo para el Municipio de Ibagué”, se lee en el documento. Lo evidente son las incongruencias entre los reportes de la Alcaldía en la saliente administración de Hurtado y la entrante de Johana Aranda. Divergen en varios ítems y demuestran desorden desbordado en el manejo de las cuentas del Municipio.
ÁNGEL MARIA GOMEZ: LA PLATA ESTÁ EN CAJA
Ángel María Gómez secretario de Hacienda de Ibagué dijo: “La plata está en caja y no se ha hecho uso de ella a través de una incorporación presupuestal. No quiere decir que la plata se la hayan robado o se haya perdido, sino que simplemente es un trámite presupuestal que no se ha hecho. La plata está en tesorería, dependencia de la Secretaría de Hacienda, seguramente no se ha utilizado porque no ha sido necesario hacer ningún pago”.
No obstante, reconoció dificultades para el cierre fiscal, debido al desorden en el manejo de las cuentas del Municipio que heredó de la anterior administración. “Fue un poco difícil poder identificar las cuantías y hacer una efectiva conciliación con los estados de los bancos, por eso prácticamente el cierre fiscal se ha venido haciendo durante todo el año por la falta de información (…) Hay otras cuentas que no se han identificado o deudas pendientes sin reserva presupuestal para cumplir”. Para Gómez, este desorden podría tener que ver con los más de $8.000 millones que no fueron reportados en el más reciente informe. “Puede haber llevado a eso, e incluso haber recursos todavía sin identificar (…) Como es un tema de crédito, insistimos que la plata está en tesorería, y no se ha incorporado porque no ha habido necesidad de hacer un pago con cargo a ese recurso”, enfatizó.
Lo que evidencia el desorden en la gestión de las cuentas, es otro de los hallazgos, que identificó desembolsos por $120.000 millones a las cuentas que tiene la Alcaldía para recibir dinero de los empréstitos. Sin embargo, la cifra por créditos en realidad era de casi $89.000 millones, por lo que los restantes $31.000 millones consignados provenían de otras fuentes de financiación que todavía se desconoce.
