* Los recursos usados en negocios personales
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El portal “El OLFATO.COM ” En investigación de su director Luis Eduardo González, descubrió como, ‘un negocito’ de prestación de servicios básicos de salud y provisión de equipos, pasó a ser uno de los primeros asuntos de la red hospitalaria pública del Tolima facturando más de 40.000 millones de pesos en seis años.
Javier Alexánder Serna, administrador de empresas y Rocío Ramírez, enfermera, laboraron en el Hospital San Rafael de Girardot. En el 2017 dejaron sus cargos y crearon la empresa “Distribuidores Clínicos Hospitalarios”, registrada en la Cámara de Comercio de Girardot.
El éxito les llegó en 2019, con Carmen Patricia Henao, gerente del Hospital San Rafael del Espinal y cercana al entonces gobernador Ricardo Orozco.
A partir de ese lazo, la empresa multiplicó ingresos y pasó de contratar $2.400.000 a más de 40.000 millones en 6 años. Con Orozco, todo cambió. En 2020, obtuvo contratos por $1.927 millones y en 2021 facturó 10.187 millones.
En los últimos años de Orozco, obtuvo contratos por 20.267 millones y abasteció los hospitales de Chaparral, Honda, Líbano, Lérida, Espinal, Purificación y el Federico Lleras.
Asegura Luis Eduardo González que: “Cuando Orozco y Rosmery Martínez peleaban la Gobernación, Javier Alexánder Serna logró contratos en San Rafael del Espinal. Pero la acción más lucrativa les llegó con la tercerización de dos unidades en el Hospital Federico Lleras: la Unidad Renal Mario Bran, abierta en diciembre de 2020 que aplica como alianza y permite a “Distribuidores Clínicos Hospitalarios” coger entre el 68% y el 85% de facturación. Según datos de 2024, la unidad causa en promedio 377 millones de pesos mensuales , más de 4.500 millones al año, y la Unidad de Trauma, trabajo delegado a Unitrauma del Tolima IPS SAS, firma que surgió en 2020 bajo el nombre de “Servicios y Distribuciones Servidayo SAS” y convertida en Unitrauma en 2021, opera con contrato de alquiler a 15 años con tarifa mensual de $46.570.000, un negocio de 8.382 millones de pesos durante la vigencia del mismo. Alejandro Serna, sancionado por la Procuraduría, no podía figurar como contratista y optó por su hijo, Javier Alexánder Serna Ramírez como representante de la empresa. Su esposa, Rocío Ramírez Reyes y su conocido Juan David Melquiades Rodríguez Reyes, emergen como garantías de Unitrauma del Tolima IPS SAS. Todo indica que los contratos se adjudican sin principios de transparencia. La entrega directa se hizo en plena ley de garantías, lo que podría ser una violación a las normas de contratación”.
En la investigación se indica que Martha Palacios, gerente del Federico Lleras, mano derecha de Ricardo Orozco, asegura que los contratos con Serna Ramírez son lícitos y niega que Orozco sea socio de ellos. Los contratos de Distribuidores Clínicos Hospitalarios y Unitrauma del Tolima están bajo la lupa y se investigan si detrás de este caso se esconde un posible cartel de la salud en el Tolima. Pero el poder de esta estructura es tal que en la Fiscalía ni en el Ministerio de Trabajo avanzan las indagaciones por las movidas financieras y salarios no cancelados a profesionales de la salud que han trabajado para Unitrauma. La gerente del Federico Lleras, ante las dudas sobre los contratos adjudicados a la familia Serna Ramírez para la operación de la Unidad Renal y la Unidad de Trauma del centro asistencial, niega que esto sea una tercerización de servicios como lo señalan fuentes del sector salud. Se trata, le dijo, de un contrato de arrendamiento con Unitrauma del Tolima IPS SAS y un contrato de prestación de servicios con Distribuidores Clínicos Hospitalarios para la Unidad Renal Mario Bran: «no son servicios tercerizados. Con Unitrauma, lo que el hospital tiene es contrato de alquiler de un área cercana a 600 metros cuadrados en la sede Limonar. Esta institución atiende servicios de urgencia, pero no tiene ninguna relación en con el Federico Lleras”.
Sobre la Unidad Renal” explicó que el contrato fue necesario cuando la sede Francia del hospital amplió unidades de cuidado intensivo y se requería el servicio de nefrología. El hospital no contaba con equipos, ni especialistas, ni con infraestructura. La empresa provee estos servicios, de manera similar a como se hace con gastroenterología cardiología o fisiatría”. En relación a vínculos familiares entre las empresas contratistas, dijo no conocer nexo personal o comercial entre ellos. “Sé que son razones sociales distintas. Para la institución son dos proveedores completamente diferentes”. Sobre la relación entre Javier Alexander Serna y el exgobernador Ricardo Orozco, expresó: «Desconozco cualquier tipo de vínculo. Lo que aseguro es que garantizamos el seguimiento y la supervisión de todos los contratos.
Existen razones por las cuales se podrían dar por terminados estos contratos de manera unilateral, como incumplimiento de pagos o la falta de garantías hacia el hospital», dijo que las facturas dependen de los niveles de ocupación y que pueden fluctuar entre 270 y. 320 millones de pesos mes.
En cuanto a Unitrauma, aclaró que el hospital no recibe ingresos por su trabajo, únicamente el canon de arrendamiento de 50 millones de pesos mes y rechazó la denuncia sobre un posible fraude económico a profesionales de la salud.
LOS HABITANTES DEL SUR DEL TOLIMA PAGAN LOS PLATOS ROTOS
González desnudó otro entuerto de Orozco con los hospitales del sur. Un contrato de $78.000 millones es la novela del Hospital San Juan Bautista de Chaparral que adjudicó a Olaguer Agudelo Prieto, el ingeniero de la fallida obra del puente de la calle 60 de Ibagué, otro de los beneficiarios del presunto cartel de la salud del Tolima que lideraría Orozco, según denuncia pública que hizo el exalcalde Andrés Hurtado, el cual tendría entre sus fuentes de financiación en la construcción y remodelación de la red hospitalaria pública y Olaguer Agudelo Prieto fue pieza clave del entramado contractual que se montó desde la gobernación. En el mundo de la construcción como en los círculos altos de la política tolimense, aseguran que los dos tendrían negocios personales y hubo citas privadas en el despacho del mandatario en el 10º piso de la gobernación. Lo que se puede demostrar es que Orozco le entregó a Olaguer la construcción de los hospitales de Rioblanco y Chaparral, en procesos licitatorios, por casi 90.000 millones que están empantanados. En Rioblanco demolieron el antiguo hospital María Inmaculada, hubo movimientos de tierra y nada más, el contrato se legalizó y está vigente. En Chaparral se habla de algo que tendrían que captar los investigadores del CTI.
Ricardo Orozco montó una licitación para la construcción del nuevo hospital, cuyo presupuesto fue de $78.019.611.289; el plazo de ejecución era de dos años, contados a partir de la legalización del contrato. Solo se presentó una diferente.
El favorecido: el Consorcio Hospitalario 2023, integrado por la empresa Miroal Ingeniería SAS, con 33% de participación; GP Caribe SAS, con 34%, y Olaguer Agudelo Prieto el 33%, quien, a su vez, era el representante legal. Como Agudelo no contaba con la experiencia ni con el dinero, buscó unos socios costeños, para que le “prestaran” sus estados financieros, y el resto de requisitos que exigía la licitación se montaron en la Secretaría de Salud Departamental. “Como en el contrato de la 60. Olaguer va y busca por fuera la gente que tenga experiencia y el músculo financiero para ganar las licitaciones que están amañadas, después, él pone la cara porque está en la región y termina quedando mal por andar mal económicamente.
Los bancos no le prestan y con ese escándalo del allanamiento ni políticas le venden”, dijo un contratista que, que pidió guardar su nombre en reserva. Él sostiene que Orozco y Olaguer son viejos amigos y que se conocen desde antes del 2020, cuando se posesionó como Gobernador.
“Ellos son amigo de vieja data. Hasta le aportó dinero para la campaña, por debajo de cuerda. Por eso le soltó esos contratos. Uno no entiende cómo se metía con dos obras tan grandes si estaba embalado con el contrato de la 60, uno en Girardot y otro en el Huila. Acá lo que dicen es que Orozco le lanzó dos salvavidas, pero se les cayó el negocio”, explicó la fuente misma.
El contrato que le adjudicó Orozco a Olaguer Agudelo se publicó en el portal de contratación del Estado pero lo rechazó. La negativa tenía una explicación. Quería un millonario anticipo y así se lo habría hecho saber al exgobernador.
Entonces la secretaría de Salud del Tolima modificó la minuta del contrato, autorizó un anticipo del 25 %, unos $19,500 millones, y se publicó de nuevo en Secop II. Pese al ‘favor’ que le hizo el gobierno, Agudelo y sus socios no aceptaron el contrato, al parecer, por sus líos financieros y la insolvencia que se había revelado en el proyecto del puente elevado de la calle 60, terminó el año y en las primeras semanas de la nueva gobernadora Adriana Matiz se detectó el sospechoso proceso del nuevo hospital de Chaparral, y la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, ordenó rechazar esa minuta de contrato. En febrero se publicó de nuevo en el Secop II, pero como estaba originalmente: sin anticipo. Olaguer ganó, pero no legalizó, supuestamente, porque no tenía dinero para comprar las estampillas. Tiene que cancelar unos $4.000 millones. La Secretaría de Salud envió dos oficios al señor Agudelo Prieto, solicitando constituir pólizas y cancelar estampillas del contrato 0149 del 2 de febrero de 2024. El contratista y sus socios guardan silencio.
EN EL NORTE MILLONARIOS RECURSOS SIRVIERON PARA COMPRAR GANADO
Pero el escándalo se trasladó al norte. Hugo Fernando Pulido Peña apodado ‘Niño Bonito’, hace dos décadas recorría las calles del municipio del Líbano, población de 39.000 habitantes, buscando cómo ganarse la vida para sacar adelante a sus hijos: Kelly Johana Pulido González y Brayan Camilo Pulido Quintero.
Luego hubo una niña más, que hoy tiene 15 años.
En el Líbano, tenía una sencilla casa de préstamos, pero todo cambió al acercarse al exalcalde del municipio, Humberto Santamaría quien puso en él su confianza y amistad.
“En el pueblo dicen que hicieron negocios. De esos acuerdos poco se habla en público”, dijo una persona cercana a Pulido y a Santamaría, quien accedió a hablar, pero pidió amparar su identidad. “Uno aquí no puede hablar de Hugo Pulido muy duro. Es el rico del pueblo y nadie se atreve a tocarlo ni a preguntar por el inicio de su plata”. ‘Niño Bonito’ después se acercó al grupo de Barreto y su ascenso financiero continuó. Creó su primera empresa tres meses después de que Barreto se posesionara como Gobernador, el primero de enero de 2016. Se trata de la firma “Asociación de Servicios Mediservicios”, registrada en la Cámara de Comercio de Honda el 22 de marzo del 2016. Como socia de la compañía apareció Kelly Johana Pulido González. Siempre figuran sus hijos mayores: Kelly Johana, profesional en enfermería, y Brayan Camilo, de quien desconoce su formación académica.
El 1º de enero de 2017 es fecha perenne para los Pulido, desde ese día, los hospitales públicos del Tolima, controlados por la Gobernación, les otorgaron contratos millonarios. Los centros médicos de Líbano y Lérida les adjudicaron 13 contratos por 854 millones por servicios de comida a pacientes hospitalizados, operación y mantenimiento de maquinaria y servicio de ropería y lavandería, casi todos los procesos se celebraron entre el primero y el tres de enero de 2017. Ese éxito le permitió convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos en solo ocho años. Su progresión fue tan rápida que precisó a operar una empresa más: “Proyecciones de Trabajo SAS”, en la que su representante legal era su hija Kelly Johana Pulido González. Después, esa función la tomó su hijo Brayan Camilo, de 27 años que, permanece en el exterior y está al frente de la mayoría de los negocios de la familia. En 2018 y 2019, también durante la administración de Barreto, los Pulido mantuvieron la contratación en 1.000 millones, promedio año.
Con Orozco gobernador del Tolima (2020-2023), Pulido Peña alcanzó la cúspide económica. La mayoría de hospitales lo convirtieron en sus vitales proveedores y pasó de facturar de 1.042 millones a 7.639 millones año. De acuerdo con el portal de contratación del Secop, logró 93 contratos con hospitales del Líbano, Lérida, El Espinal y Federico Lleras Acosta, de Ibagué. Así facturó 17,665 millones durante cuatro años del gobierno de Orozco y la red de hospitales públicos. Pero su fortuna contractual no terminó con la salida de Orozco. El exmandatario ubicó ‘fichas claves’ en los centros asistenciales y continuó reinando Entre 2024 y 2025 esas empresas han suscrito 20 contratos en Honda, Lérida, El Espinal y Federico Lleras por 11.391 millones. En estos hospitales siguen como gerentes: Carmen Patricia Henao en Honda, y Martha Palacios, en el Federico Lleras. Sus vínculos con el Hospital del Líbano, que antes fue su fortín, terminaron con la intervención de la Superintendencia de Salud en octubre de 2023, lo que obliga a fortalecer su operación en otros centros asistenciales en los que Ricardo Orozco tendría dominio.
Pulido amasó gran fortuna y buena parte de ella ha sido invertida en su principal afición: la ganadería Premium. Él y su hijo son propietarios de la Ganadería Agua Luna, ubicada en la vereda La Trina, del Líbano, vía que conduce a Murillo y aparecen en fotografías asistiendo a ferias nacionales de ganado y sus ejemplares han resultado ganadores. “Son animales que pueden costar entre 100 y 500 millones acá en Colombia”, dijo un ganadero y expertos en la materia sostienen que un animal, después de ganar ferias y torneos, puede costar más de 1.000 millones. “En el Líbano todos saben que esa ganadería es de ‘Niño Bonito’ y Ricardo Orozco, dijo la fuente, que tiene cercanía al barretismo y al Hospital Regional de la localidad, en el que el exgobernador ejecutó millonarias inversiones que terminaron favoreciendo a Pulido, que lo acompañaba a sus eventos. Otro amigo cercano de Hugo Pulido es el representante a la Cámara Gerardo Yepes, con quien aparece en fotografías, acompañándolo a sus reuniones políticas. El congresista le dijo que eran amigos hace 8 años, cuando comenzó a ser uno de los contratistas estrella del barretismo.
Otro informante, afirma que Orozco ha sostenido en público que invertía su capital en ganado Premium, cafés especiales y tierras en el Quindío. Orozco decidió no responder preguntas sobre su presunta vinculación con el cartel de la salud. El empresario Hugo Pulido, a través de una llamada telefónica, dijo que solo atendería entrevistas personales y que estaba fuera del Tolima. Pulido es procesado por la Fiscalía General de la Nación por presunta participación en delitos electorales, usando el Hospital del Líbano para intervenir ilegalmente en las elecciones locales, operación que habría liderado el discutido exgerente de ese centro asistencial, Jaime González, también imputado por el delito de constreñimiento al sufragante, utilizando su poder administrativo y contractual para obligar a funcionarios y contratistas a votar por el candidato conservador a la Alcaldía, Diego Padilla. Según la Fiscalía, Pulido, “presionaba a los equipos de trabajo indicándoles que si no votaban por Padilla se quedarían sin trabajo y para que pagaran refrigerios de reuniones, publicidad, bonos por valor de $60.000 y trabajos de campaña”. Este hecho deja claro que el empresario del sector de la salud estaría muy comprometido con temas políticos
DE LIDER CONSERVADOR A “MEGA PROVEDOR” DE LOS HOSPITALES DEL TOLIMA
La investigación del OLFATO.COM fue más allá. Juan Carlos Herrán y Leidy Johana Rodríguez en Ibagué, trabajaron como asesores de entidades del estado y sus nombres apenas figuraban más allá de círculos políticos cercanos al poder. Hoy, su avance resulta tan eficaz como dudoso: pasaron de anónimos a principales contratistas del sistema de salud del Tolima, gracias a la tercerización de servicios en por lo menos 10 hospitales públicos. Los vínculos de Herrán con exalcaldes no eran un secreto. Durante la administración de Luis H. Rodríguez, fue notable como operador de la contratación de la Alcaldía. Su esposa, Leidy Johana Rodríguez, ocupó un cargo directivo en la Secretaría de Movilidad. Pero. El ‘boom’ de su fortuna coincidió con la llegada de Ricardo Orozco a la Gobernación en 2020. En cinco años, construyeron un emporio que ha obtenido 237.754 millones en contratos, sobre todo con hospitales públicos, a través de 3 empresas con contratos por prestación de servicios, personal, aseo, logística y transporte, con incremento año tras año.
-LJR Logística Empresarial SAS: El despegue. con esta empresa arrancó en 2017, con un contrato de 42 millones en el Hospital San Rafael de El Espinal. Para 2019 manejaban contratos por 1.800 millones en la misma institución. Hospital dirigido por la doctora Carmen Patricia Henao Max, acusada por la Asamblea del Tolima por prácticas cuestionables de tercerización. Ella fue protagonista en el crecimiento de la familia Serna Ramírez, aludidos en la investigación sobre la sospechosa contratación de Unitrauma y la Unidad Renal del Hospital Federico Lleras Acosta.
LJR Logística Empresarial SAS manejó $23.673 millones entre 2017 y 2021. En 2017 fue creada una nueva empresa: LJR Temporales SAS, también encabezada legalmente por Leidy Johana Rodríguez. Con esta razón social, la contratación se disparó. En 2020, con Orozco en la Gobernación, su facturación creció un 300 %, alcanzando contratos por $26.414 millones. Para 2024, esa cifra ascendió a $35.667 millones. Esta empresa tiene presencia en al menos 9 hospitales del Tolima, incluido el Federico Lleras Acosta, la de mayor complejidad del departamento. Total contratos de LJR Temporales SAS: $170.286 millones.
-La tercera empresa, Industrias Herranco SAS, creada en 2016, fue el comodín para contratar servicios varios: desde aseo y logística hasta plantas ornamentales, transporte y mantenimiento de equipos. Total contratos: $43.799 millones.
En ocho años, estas tres empresas pasaron de contratos pequeños a manejar casi $240.000 millones del presupuesto público en salud. Las coincidencias políticas, los nombres repetidos en las gerencias hospitalarias y los vínculos con clanes políticos del Tolima (como el de Barreto y sus operadores) plantean una pregunta: ¿estamos ante un cartel de la contratación disfrazado de emprendimiento empresarial? Mientras tanto, los hospitales del Tolima siguen reportando crisis financieras, quejas por falta de personal, demoras en pagos a trabajadores y precarización de los servicios. Todo mientras un reducido grupo empresarial se enriquece a costa de la salud pública.
LA CONTRALORIA, LA PROCURADURIA Y LA FISCALÍA, TIENEN LA PALABRA
El modus operandi se repite: personas con orígenes modestos, sin experiencia empresarial notable, se vuelven millonarios contratistas del Estado durante la administración de Ricardo Orozco.
· Familia Serna Ramírez (Girardot): más de 40.000 millones en contratos en el sector salud.
· Familia Pulido Peña (Líbano): más de 32.000 millones.
· Juan Carlos Herrán y Leidy Johana Rodríguez (Ibagué): con contratos que suman 237.000 millones.
Estas tres redes familiares han concentrado más de 310.000 millones en contratos de salud en apenas un período de gobierno, mientras los hospitales del Tolima operan con déficit y denuncian falta de insumos, personales y pagos.
Herrán Celis se ha movido, surcando poder, contratos y relaciones con los clanes políticos del Tolima. Es operador silencioso, que sin ocupar cargos de elección popular, ha tejido una red de influencia que hoy lo vincula con el cartel de la salud del departamento. No figura en tarimas ni en vallas publicitarias, no ha aspirado a cargos de elección popular, pero quienes conocen los pasillos del poder en Ibagué saben que su influencia ha sido determinante. Su nombre suena en pasillos, cafeterías y oficinas públicas, cuando se habla de contratación estatal. Originario de una familia conservadora y modesta del barrio Belén, se mantuvo cerca de las estructuras del Partido Conservador sin cargos visibles. “Prefirió estar cerca de los mandatarios, detrás de bambalinas. Su interés ha sido más la contratación y los negocios”, explicó un dirigente conservador que pidió el anonimato. Operaba como hombre clave en las campañas, encargado de logística, avanzadas y contactos.” Herrán y su esposa, Leidy Johana Rodrígue. fundaron empresas y se convirtieron en contratistas de hospitales, bajo la dirección de figuras cercanas a Ricardo Orozco, como Carmen Patricia Henao y José Jaime González. Exgerentes que aparecen como piezas clave en el entramado de la contratación pública durante ese mandato.
Los registros del Secop muestran cómo sus empresas crecieron al ritmo de las adjudicaciones en hospitales regionales. El ascenso económico del clan coincide con la llegada de Ricardo Orozco a la Gobernación. EL OLFATO buscó al señor Juan Carlos Herrán para conocer su versión de los hechos denunciados, pero dijo que no estaba en la ciudad, Ricardo Orozco se ha negado a responder por su participación en este entramado de la contratación hospitalaria. Ni siquiera, cuando Andrés Hurtado lo acusó de ser el “jefe del cartel de la salud”, el exgobernador salió a desmentirlo.
