Condenado o absuelto, lo histórico es, que por la rigurosidad del juicio, al expresidente le tocó sentarse a responder en el banquillo donde se sientan todos los criminales.
El proceso contra Álvaro Uribe Vélez, llegó a la etapa de juicio y terminó, luego de 67 sesiones, con la intervención del expresidente, quien pidió casi llorando que se emita fallo absolutorio por todos los cargos de fraude y soborno por los que fue acusado por la Fiscalía General. La jueza anunció que el 28 de julio se conocerá el sentido de fallo. Y la pregunta es ¿Qué gana o qué pierde el país con Álvaro Uribe en la cárcel?.
Más de uno ya se ha imaginado al expresidente Uribe con la pijama de rayas. Su situación tiene similitud con la del tristemente expresidente peruano Alberto Fujimori. Si hay una condena por manipulación de testigos el próximo 28 de julio, y todo indicaría que sí, lo primero es que Uribe apelará la decisión, es su derecho; y lo segundo es que, confirmada la sentencia, lo que tomaría, vaya usted a saber cuánto tiempo, es probable que el reo sea conducido no a una cárcel, sino a su casa por cárcel.
De algo debe servir haber sido presidente de la República. Ese fue el caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, quien desde junio de 2025 cumple prisión domiciliaria tras confirmarse su sentencia a seis años de cárcel por corrupción. Pasaron tres años, pues había sido condenada en primera instancia en 2022. El novelón colombiano comenzó hace siete años (2018).
Pero puede ser que al final sí vaya a una cárcel de las normales, como le sucedió al expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien en 2009 terminó preso a la edad de 71 años, por ordenar la muerte de 25 personas, en dos masacres, a manos de un escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, más su participación en el secuestro, en 1992, de un periodista y un empresario. Pasó a la historia como el primer mandatario latinoamericano sentenciado en su propia patria por crímenes de lesa humanidad.
Este es un país de fanáticos, tanto religiosos como políticos, y la polarización crecerá conforme se acerque la elección presidencial. Los uribistas más uribistas, denominados pura sangre, mantendrán su nombre, el de Uribe, en la punta de la lengua como imán para asegurar una buena pesca electoral.
Con Uribe en la cárcel el uribismo no morirá, de la misma manera que no han muerto ni el chavismo en Venezuela ni el fujimorismo en el Perú, a pesar incluso de que ambas figuras, Chávez y Fujimori, ya descansan en paz. Según las cuentas, el expresidente Uribe, hoy de 73 años, recibiría una pena de hasta 12 años por el delito de soborno a testigos (paramilitares) en actuación penal y de 12 años por fraude procesal. Suponiendo que hoy le conmutan la pena y le aplican doce años, saldría libre a los 85, quizás demasiado viejo para querer seguir en estas lides, aunque ya sabemos que hay adicciones incurables.
Téngase en cuenta que, aunque en este país hay rebaja de pena por buena conducta, también es posible que, mientras el expresidente antioqueño esté privado de la libertad, se revivan otros casos contra él, acusación que seguramente le han desmejorado el sueño: los falsos positivos (6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales) ocurridos durante sus ocho años de gobierno y su supuesta vinculación a masacres ocurridas en 1997, siendo gobernador de Antioquía.
Independientemente del diseño, el caso Uribe debería llevar al país a iniciar un debate profundo sobre la necesidad de una reforma política que permita fortalecer los partidos políticos por encima de los caudillismos o personalismos. En el pasado había una distinción clara: usted o era de derecha (votaba liberal o conservador), o era de izquierda (votaba por el Partido Comunista, la ANAPO, o más adelante la Unión Patriótica), o no votaba. La política terminó tan deformada que cada cuatro años nacen nuevos partidos que luego desaparecen con la misma rapidez con que a regañadientes asumen sus derrotas.
El papel estelar que ha cumplido en este juicio la “jueza de hierro”, Sandra Heredia, a quien ya vemos como firme candidata a personaje del año, y lo mismo al senador Iván Cepeda, demuestra que hay razones para creer que en Colombia la justicia, aunque a trancas y mochas, se esmera por actuar con firmeza, apegada a los códigos.
Una condena a Álvaro Uribe –de ser hallado culpable, claro-, sería un escarmiento para toda la clase política colombiana, que debe saber que en este país nadie puede asaltar ni la Constitución ni las leyes, y sería un mensaje al mundo de lo sólidas que son la democracia y la independencia de poderes en Colombia. Si el caso prescribe, será otra lamentable derrota para el sistema judicial colombiano y todos perderemos, incluso Álvaro Uribe, cuyo legado, sin el caso resuelto, quedará con mácula para la Historia.
Al momento de escribir esta nota, aparece un titular: Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 50% al vecino Brasil en represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro , acusado de un golpe de Estado. Ojalá el gobierno norteamericano no esté pensando igual con relación al juicio en Colombia contra Uribe.
Si ocurre algo parecido, ojalá la jueza no se deje amedrentar por presiones externas.
