En Barranquilla eligen al nuevo contralor municipal de Ibagué

Política

La alcaldesa Johana Aranda y Andrés Hurtado se encontraron y nacen sospechas de la poca transparencia de este oscuro concurso de ‘méritos’.

La elección del Contralor de Ibagué está bajo sospecha: de corrupción, clientelismo y millonarias transacciones bajo la mesa. El concurso de ‘méritos’ sacó las sombras de siempre. Camilo Acevedo, presidente del Concejo de Ibagué, del partido de la U, protegido de Andrés Hurtado y de la alcaldesa Johana Aranda, firmó contrato con una polémica universidad barranquillera para el concurso que suplirá  a la debatida contralora Margarita Murcia, que sale el 31 de diciembre. Acevedo, escudero del ‘Hurta-Arandismo’, cerró un contrato exprés por $18 millones con la Corporación Universidad de la Costa que se encargará de la convocatoria, pruebas de conocimiento y evaluación de hojas de vida de los aspirantes al cargo de contralor 2026-2029. El negocio se montó en el SECOP como de mínima cuantía. Eso permitió a Acevedo dar el contrato a dedo. Entre 96 universidades acreditadas del país, incluida la Universidad de Ibagué, escogió a la CUC, su representante legal es Eduardo Alfonso Crissien Borrero, excongresista del partido de la U, el mismo partido de Acevedo y Hurtado. La universidad ha sido señalada en escándalos por presunto direccionamiento de concursos y falta de transparencia.

Según fuentes políticas, Crissien ha montada una red para seleccionar personeros y contralores.

“El negocio no es cobrar los concursos, porque cobra muy barato. El negocio real, es torcer los procesos, filtrar las pruebas a los que pagan y cuadrar la plata con los presidentes de concejos y asambleas”, dijo una fuente que pidió reserva de su nombre. Ese testimonio coincide con lo hallado en el SECOP: solo en 2025, la CUC celebró contratos con asambleas y concejos de todo el país por $260 millones, todos con el mismo objeto: elegir contralores y personeros. Entre ellos, la Asamblea de Norte de Santander ($29 millones), el Concejo de Pereira y la Asamblea de Caldas ($28 millones cada uno) y la Asamblea del Guaviare ($24 millones). También con Córdoba, Putumayo, La Guajira, Sucre, Montería, Villavicencio, Barranquilla, Soledad y Santa Marta.

 Hace menos de un mes, la Procuraduría abrió una indagación contra la CUC por presuntas irregularidades en la elección del contralor de Putumayo (2022-2025 y 2026-2029). El Ministerio Público advirtió posibles violaciones a los principios de planeación y selección objetiva en los contratos de ese proceso. A esto se suma que, según el portal lacontratopediacaribe.com, la institución acumula señalamientos en Soledad y Córdoba. Un dato adicional es el de que la familia dueña de la universidad es cercana al clan del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aliado político de Hurtado y Aranda.

¿Coincidencias futboleras o reuniónes políticas?

La alcaldesa Johana Aranda estuvo en Barranquilla y se reunió con Alex Char. También estaba allí el exalcalde Hurtado, quien fue al estadio Metropolitano con su hijo a ver el partido Colombia-Bolivia. La oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Ibagué negó un encuentro entre Aranda y Hurtado. Pero la coincidencia en la ciudad donde opera la universidad que elegirá al próximo Contralor de Ibagué no deja de ser llamativa.

 ¿Por qué interesa tanto la Contraloría?

 El cargo es codiciado. El jefe de ese despacho puede engavetar investigaciones contra la administración de turno. En otras palabras, mucha  tranquilidad para Aranda y Hurtado. No es un secreto que desde la Contraloría también se puede presionar a los alcaldes con la apertura o el cierre de procesos fiscales. El propio Hurtado acusó en su momento de extorsionistas a la actual contralora Murcia y a su esposo Antonio Fajardo. Y esa acusación de tanta gravedad merecía una investigación por parte de la Fiscalía, lo que nunca ocurrió.   Murcia llegó al cargo con 18 de los 19 votos del Concejo. ¿Cómo lo logró? Nunca se supo. ¿Hubo plata de por medio? La Fiscalía no ha dicho nada. Lo cierto es que los principales cargos de la entidad terminaron en manos de profesionales del Caquetá, tierra de la funcionaria.

  El portal  EL OLFATO preguntó al presidente del Concejo, Camilo Acevedo, si Hurtado le ordenó contratar a la CUC. Su respuesta fue un reproche: “Don Luis Eduardo, director de El Olfato, admiraba hasta hoy su capacidad profesional y mucho más sus calidades como ser humano. Le remitiré de manera formal información del proceso, en los términos del respeto que me merece un ciudadano que desconoce a todas luces los procesos administrativos de estas convocatorias”.  Después de ese mensaje, Acevedo dejó de contestar. Por último, el señor Federico Bornacelli, secretario General de la Corporación Universitaria de la Costa, dijo que el proceso contractual con el Concejo de Ibagué fue transparente y no hubo ninguna intermediación del exalcalde Andrés Hurtado ni de la alcaldesa Johana Aranda. “Sobre su pregunta, le quiero indicar que la participación de la Universidad se da en el marco del proceso de mínima cuantía radicado en la plataforma Secop II por parte del Concejo Municipal de Ibagué. No conocemos a ninguna de las personas relacionadas en su pregunta”, afirmó.