Bajo la sombra de los acaparadores de tierras
La senadora y actual candidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia evade responderle al país por la usurpación de tierras cometida por sus parientes de manera conveniente. La Agencia Nacional de Tierras recuperó baldíos en La Primavera, municipio del Vichada, son 6.182 hectáreas ocupadas por Nicolás Laserna, primo de la candidata Paloma Valencia Laserna, y el polémico exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático, Gustavo Londoño, así como de su jefe de campaña Alirio Barrera que se apoderó de otras más de 400 hectáreas. Frente a este asunto, la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, defiende a su pariente, al señalar que se trata de una “persecución” en su contra por su vínculo familiar y ha sostenido que la obtención de este predio en el Vichada se dio de manera legítima y que su primo actuó conforme a la ley. “Son fincas que la gente cogió durante la época en la que se abrieron .
El director de la ANT, Felipe Harman, señala que el fenómeno no es aislado. Lo que comenzó como una denuncia contra ocho parlamentarios en mayo de 2025 se ha duplicado en cuestión de meses, revelando un mecanismo sistemático de apropiación. La lista de señalados atraviesa casi todo el espectro político, aunque con una marcada concentración en los partidos tradicionales: Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal. La investigación revela que la apropiación de estas tierras no siempre es directa. Los legisladores habrían utilizado a familiares, cónyuges o empresas que financiaron sus campañas para ocultar la titularidad de los predios. Esquema que no solo afecta el patrimonio del Estado, vulnera directamente el derecho de campesinos a acceder a la Unidad Agrícola Familiar, la medida básica de tierra necesaria para que una familia campesina viva dignamente.
Casos como los de los senadores Lidio García y Liliana Bitar resultan marcados por el volumen de procesos en su contra, acumulando cuatro y tres investigaciones respectivamente. En Córdoba, Bolívar y Magdalena, históricamente golpeados por la concentración de la tierra, es donde más se han detectado estas irregularidades, en la práctica, se ha producido una “privatización de lo público”, donde jueces de la República habrían sido utilizados para titular baldíos como si fueran propiedad privada a través de procesos de pertenencia, algo que la Corte Constitucional ha prohibido reiteradamente.
Los procesos abiertos se dividen en dos frentes: clarificación de la propiedad y recuperación directa. En casos como el del senador Juan Samy Merheg en el Valle del Cauca, la ANT busca determinar si el predio “Los Cámbulos”, manejado por una empresa que financió su campaña, es propiedad privada o un bien de la Nación. Otros casos, como el de Luis Eduardo Díaz Mateus en Santander, muestran una desproporción alarmante: el predio bajo investigación tiene 141 hectáreas, cuando la ley permite un máximo de 12 para esa zona. Esta situación se agrava por la falta de un censo de tierras actualizado, una debilidad institucional que ha sido aprovechada por sectores poderosos para expandir sus dominios y mientras el proceso administrativo avanza, los congresistas mantienen su presunción de inocencia.
