La familia ha sido beneficiada con contratación de la Alcaldía.
El concejal César Franco, uno de los más claros aliados de la alcaldesa Johana Aranda y de Andrés Fabián Hurtado, tiene más que afinidad política con el poder local, su familia ha obtenido contratos públicos por más de $12.000 millones de pesos con la Alcaldía de Ibagué y sus entidades descentralizadas. Una relación que, según documentos oficiales, se consolida entre vínculos de sangre, reuniones políticas y adjudicaciones que dejan en duda los límites entre la función pública y los intereses particulares.
El 25 de octubre, durante un encuentro con el senador de Cambio Radical Didier Lobo, Franco reapareció con integrantes de su movimiento “Soy Franco con el Tolima y con Ibagué”. Entre los asistentes se encontraba Karina del Pilar Aguilera Franco, prima hermana del concejal, quien no solo participa en las actividades políticas del grupo, sino que, además, son los propietarios de la empresa SYK S.A.S., una de las contratistas más beneficiadas de la administración municipal en los últimos dos años.
Mientras los familiares del concejal se muestran en actos políticos, sus negocios con el Estado siguen crecen. De acuerdo con los registros del SECOP II y documentos verificados por EL OLFATO:COM, la empresa SYK S.A.S. ingresó a la contratación estatal de Ibagué en 2023 con un contrato de $36 millones firmado con la Unidad de Salud de Ibagué (USI), cuyo objeto era “apoyar estrategias de educación y comunicación sobre residuos sólidos”. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero en 2024, el panorama cambió por completo: SYK pasó de recibir un contrato menor a convertirse en una de las contratistas más favorecidas del municipio, al multiplicar su facturación por más de 200 veces, alcanzando los $7.216 millones en contratos con distintas dependencias públicas.
Los contratos adjudicados ese año fueron:
IBAL: servicios de aseo y cafetería. USI: apoyo logístico y de mantenimiento.
Alcaldía de Ibagué: servicios generales y mantenimiento.
Gestora Urbana: adecuaciones locativas. SETP: limpieza institucional.
En uno de esos contratos se incluyó hasta el suministro de alimentos para perros y felinos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), un negocio que había sido revelado como “Hicieron fiesta con la comida de las mascotas del CAPA”, publicada en 2024.
Ese mismo año, otra investigación de EL OLFATO, titulada “Los negocios de más de $4.000 millones entre Johana Aranda y familiares de un concejal”, expuso el aumento desproporcionado de los contratos de esta familia y su cercanía con el círculo político de Hurtado y Aranda. Pese a los cuestionamientos, el 2025 ha sido otro año de bonanza para la familia Franco.
En lo corrido del año, SYK S.A.S. ha firmado contratos por $5.491 millones, distribuidos así: $799 millones con el IBAL, por servicios de aseo y cafetería.
$39 millones con el SETP, por limpieza institucional.
$515 millones con la USI, por servicios de aseo.
$4.137 millones con la Alcaldía de Ibagué, también para aseo y cafetería.
En conjunto, los contratos de los años 2023, 2024 y 2025 suman $12.743 millones, una cifra que ubica a SYK S.A.S. entre las empresas más contratadas de la ciudad.
Cuando en 2024 se revelaron las primeras conexiones entre los contratos públicos y la familia del concejal, Franco fue consultado sobre el tema. Su respuesta fue evasiva: “Que yo sepa, ella tampoco tiene contratos. Eso debe consultarlo con la Alcaldía, que es la que maneja esos temas.” Sin embargo, los documentos oficiales lo contradicen. Los contratos están publicados en el SECOP II, firmados, ejecutados y con trazabilidad pública de los pagos. En varios de ellos, aparecen las firmas de Karina Aguilera Franco y Ernesto Quiroga, ambos familiares del cabildante y partícipes directos de la empresa beneficiada
