Recién, con 15 votos a favor y cuatro en contra que fueron los de Jorge Bolívar, Joseph González, Sandra Varón y Andrés Zambrano, el Concejo de Ibagué aprobó el proyecto de acuerdo 023 de 2025, que otorgó facultades a la alcaldesa Johana Aranda para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras. Fue el nuevo cupo de endeudamiento que la alcaldesa solicitó al Concejo por $40.000 millones con los que se proyecta recuperar y asfaltar la vía al El Salado, entre las calles 103 y la 175.
Según trascendió, se buscaron recursos por vigencias futuras, pero esto impone mucho trámite, sumado a que por la Ley de Garantías solo se podía hacer convenios interinstitucionales hasta mediados de noviembre, pero la preocupación por el nuevo cupo de endeudamiento que solicitó Aranda, es que en 2024 le aprobaron uno por $150.000 millones, que se convirtió en el más alto en la historia de la ciudad y su ejecución no alcanza el 10 %.
Esta administración llegó a un récord histórico. Nunca antes un gobierno había endeudado tanto la ciudad y ahora $40.000 millones más, el total es de $190.000 millones en menos de dos años.
Se comparte la urgencia de arreglar las vías, pero hay temor que los empréstitos de Aranda corran la misma suerte que los de Hurtado, quien en su momento solicitó dos, para el fallido proyecto del puente de la carrera Quinta con calle 60.
Nos están vendiendo la misma idea: que se necesita ese empréstito para hacer las vías, y al final de cuentas puede pasar lo mismo, que no se ejecuten bien los recursos y surjan escándalos de posible corrupción. Ya que Crea dudas el empréstito por solicitarse cerca de una contienda electoral, como son las elecciones a Congreso y se sabe que la administración está muy cercana a estructuras políticas que son dueñas de claras aspiraciones en esas elecciones.
La ciudad comenzó 2025 con deudas acumuladas de $360.000 millones, monto que asciende a $400.000 millones con el nuevo cupo.
Lo delicado es que la Alcaldía pide autorizaciones para préstamos de recursos que luego se utilizan en prórrogas y adiciones para obras que nunca se terminan o acaban mal como los $2.199 millones al contrato de obra No. 2995 del 22 de noviembre de 2023, adjudicado al Consorcio Obras 2023, representado por el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto, el mismo del fracasado proyecto del puente de la 60. El contrato, firmado por $11.518 millones para mejora y adecuación de escenarios deportivos urbanos y rurales que ha sido prorrogado ocho veces.
aprobaron uno por $150.000 millones, que se convirtió en el más alto en la historia de la ciudad y su ejecución no alcanza el 10 %.
Esta administración llegó a un récord histórico. Nunca antes un gobierno había endeudado tanto la ciudad y ahora $40.000 millones más, el total es de $190.000 millones en menos de dos años.
Se comparte la urgencia de arreglar las vías, pero hay temor que los empréstitos de Aranda corran la misma suerte que los de Hurtado, quien en su momento solicitó dos, para el fallido proyecto del puente de la carrera Quinta con calle 60.
Nos están vendiendo la misma idea: que se necesita ese empréstito para hacer las vías, y al final de cuentas puede pasar lo mismo, que no se ejecuten bien los recursos y surjan escándalos de posible corrupción. Ya que Crea dudas el empréstito por solicitarse cerca de una contienda electoral, como son las elecciones a Congreso y se sabe que la administración está muy cercana a estructuras políticas que son dueñas de claras aspiraciones en esas elecciones.
La ciudad comenzó 2025 con deudas acumuladas de $360.000 millones, monto que asciende a $400.000 millones con el nuevo cupo.
Lo delicado es que la Alcaldía pide autorizaciones para préstamos de recursos que luego se utilizan en prórrogas y adiciones para obras que nunca se terminan o acaban mal como los $2.199 millones al contrato de obra No. 2995 del 22 de noviembre de 2023, adjudicado al Consorcio Obras 2023, representado por el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto, el mismo del fracasado proyecto del puente de la 60. El contrato, firmado por $11.518 millones para mejora y adecuación de escenarios deportivos urbanos y rurales que ha sido prorrogado ocho veces.
Con la última reforma, el valor total asciende a $13.717 millones y el plazo se extendió a 625 días calendario, lo que representa 4 veces el tiempo originalmente pactado y pese a los millones invertidos, los resultados son efímeros. La ejecución ha estado llena de entregas truncas, errores de diseño, improvisaciones técnicas y excusas logísticas. El caso más llamativo es el polideportivo del barrio Onzaga, inaugurado, con cerramiento incompleto.
A pesar de las fallas, Aranda presentó esta obra en la rendición de cuentas, pero los vecinos denuncian que en los polideportivos las luminarias ya se dañaron.
Según el acta que justifica la prórroga, durante la ejecución del contrato se descubrió que las cubiertas no cubrían plenamente las canchas, error detectado por el mismo consorcio luego de hacer nuevo levantamiento topográfico.
El fallo exigió rediseñar elementos estructurales como zapatas, pedestales y contrapesos en polideportivos: Comfenalco Onzaga, Ángeles, Villa del Sol, Villa Restrepo, Tulio Varón, Tolima Grande y San Juan de la China. Los cambios en pleno adelanto de obra revela improvisación en la planeación y en las consultorías previas.
La falta de exactitud técnica originó retrasos. sobrecostos y sembrado dudas sobre la idoneidad de los estudios base para abrir la licitación.
Pese a la inversión y las prórrogas, los informes del contratista no han sido actualizados en la plataforma pública SECOP II desde el año 2024, lo que contraviene principios de transparencia y acceso a la información que rige la contratación pública.
La Alcaldía sustenta que solo restan actividades en los escenarios de Los Ángeles y San Juan de la China, este último afectado, según el contratista, por problemas de acceso vehicular para el envío de materiales. Pero las denuncias refutan esta versión, los escenarios entregados continúan con obras inconclusas, dejando en entredicho la verdad de los datos oficiales. El contrato, refleja repetición de modelos en la contratación como obras que inician sin estudios técnicos serios, cambios y adiciones presupuestales y sin secuelas para los contratistas que incumplen Afectadas, las comunidades que esperan espacios seguros, acabados y eficaces. Mientras, los sobrecostos se acumulan, las entregas se retrasan y las respuestas siguen siendo exiguas, la falta de rigor pone en jaque la eficiencia del gasto público en la ciudad y obviamente los dineros que se adquieran por nuevos empréstitos.
