* Realidad del costo del contrato para el cobro del impuesto predial en el 2023, comienzo de una cadena de hechos dolosos de su administración.
Si la Procuraduría y la Fiscalía investigaran, se encontrarían que son incalculables los recursos del Tesoro Público que dolorosamente se perdieron en la administración de Hurtado
Silencio de Andrés Hurtado ante denuncias sobre contratación de la plataforma para el pago del predial, crea manto de duda. Debate realizado por el concejal Jorge Bolívar en el Concejo, dejó al descubierto el oscuro y sucio estilo de contratación del exalcalde Hurtado.
De acuerdo a Bolívar, se hizo creer a través de la mentira y el engaño, que la contratación de la plataforma para el cobro del impuesto predial Multipropósito había costado 200 millones de pesos, cuando en realidad tuvo un valor cercano a 9.000 millones. Diferencia que debe ser explicada, pues una cifra donde la diferencia entre un precio y otro es superior a los 8.000 millones de pesos, no puede dejarse pasar por alto.
“La inversión para la compra de este software no son $200 millones como nos quisieron hacer creer la verdad, eso suma $8.957 millones de pesos, en un contrato inicial de $4.700 millones, en tres adiciones que sumaron casi $.2.500 millones, en dos contratos elaborados el 23 de agosto por $700 millones y $698 millones y en dos adiciones que, repentinamente, se hicieron el 28 de diciembre antes de terminar el año”.
Este estilo de contratación artera, fue característico en el gobierno del exalcalde Hurtado y es serio que un concejal como Bolívar, vuelva por los fueros de esa corporación, entregada plenamente a los propósitos y negocios del otrora alcalde, guardando silencio cómplice ante los desafueros y acciones corruptas de contratación que impuso ese gobierno.
El control político por parte de Jorge Bolívar, busca claridad, verdades y realidades, en lo que respecta al cobro del predial, el acueducto complementario, estado de hospitales y puestos de salud y avance de obra del Puente de la Calle 60, entre otros, donde han invertido millones y millones , no para obras de beneficio común, sino sobrecostos exagerados en contratos que van a parar a bolsillos de contratistas corruptos y funcionarios venales.
Se espera, conocer también los líos de los contratos que realizó por más de 138 mil millones en el IBAL para el acueducto complementario, cuando la administración de Jaramillo lo dejó a escasos metros para el ajuste con el acueducto de La Pola.
Esta obra se convirtió en una caja menor de Hurtado, quien terminó período y no la entregó pese a su compromiso de inaugurarla en los dos primeros años de gobierno. A la par, se debe conocer la inversión real del llamado hospital de Picaleña, entregado a sabiendas que simplemente se trata de un puesto de salud grande con dotación a medias . Otra anomalía cometida por el funesto exalcalde fue la salida de la secretaria de Infraestructura Sharon Guzmán, una semana después de admitir los incumplimientos y la iliquidez del constructor del viaducto de la 60, hecho absurdo, donde el jefe de la administración, se pone de lado del contratista incumplido y castiga a quien cumple con su deber y la ley. La obra sigue en veremos, todos los plazos de entrega se han infringido. Lo único cumplido fue el anticipo del 20% (unos 12 mil millones) del contrato.
Fue hábito de Hurtado incrementar con adiciones el costo de las obras. Ocurrió con el Coliseo Mayor, financiado en 100% ciento por ciento por la Nación y al final dijo que se requería una adición de $20.000 millones para terminarlo, por eso Bolívar, ampliará sus debates con los contratos adiciones y de sobrecostos de las obras de los escenarios deportivos. Lo peor de este cuadro corrupto, no solo es el silencio cómplice de los concejales, incluyendo a los que se decían de oposición y algunos repitentes, más grave aún, es el contubernio con la Personería y la Contraloría Municipal, que pasaron de agache la indebida contratación de la administración; agregándose además la ciega y nula labor de la Fiscalía que no hizo nada para investigar esta corruptela. ¿Están ahí los contratos para familiares de los investigadores?
