La salud en Colombia atraviesa una crisis que ya no admite más silencios ni maquillajes. El modelo instaurado con la Ley 100 de 1993, defendido durante años por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha demostrado profundas fallas en su funcionamiento y, sobre todo, en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Hoy, miles de colombianos enfrentan una realidad alarmante: acuden con su fórmula médica a reclamar medicamentos y, en la mayoría de los casos, estos simplemente no están disponibles. Tal vez reciben una aspirina o un antihipertensivo básico como el losartán, pero cuando se trata de tratamientos esenciales —para cáncer, diabetes avanzada u otras enfermedades crónicas— la respuesta suele ser la misma: “no hay”.
El procedimiento se repite una y otra vez. El paciente es incluido en una lista con la promesa de que los medicamentos llegarán a su casa. Sin embargo, nunca llegan. En muchos casos, como el mío, la espera puede extenderse durante meses. Siete meses sin tratamiento no son una simple demora administrativa: son un riesgo directo para la vida.
El 20 de marzo acudí a consulta médica para la prescripción de medicamentos correspondientes a tres meses. Luego me dirigí a la farmacia de Famisanar EPS. Allí, la historia fue la de siempre: solo había disponibles dos o tres medicamentos de bajo costo. Los fármacos realmente necesarios no estaban.
Ante esta situación, muchos pacientes optan por comprar por su cuenta lo poco que pueden, mientras el sistema registra que sí se está cumpliendo con la entrega. Es una ficción administrativa que contrasta con una realidad dolorosa: la falta de medicamentos también mata. No se necesita un arma para acabar con una vida; basta con no suministrar el tratamiento requerido a tiempo.
En medio de este panorama, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha intentado impulsar reformas para transformar el sistema. No obstante, ha encontrado fuertes resistencias políticas que han dificultado avanzar hacia un modelo más equitativo y eficiente.
La ciudadanía, por su parte, ha comenzado a manifestar su inconformidad. En recientes jornadas electorales, varios opositores a las reformas en salud no lograron mantenerse en sus cargos, reflejando un cambio en la conciencia política del país. El electorado empieza a identificar quién responde a sus necesidades y quién no.
El Gobierno Nacional ha señalado que varias EPS se encuentran en cuidados intensivos financieros y administrativos, y ha planteado la posibilidad de liquidar algunas. Casos como el de Famisanar EPS evidencian entidades que, lejos de garantizar el servicio, contribuyen al deterioro de la calidad de vida de los pacientes.
Una crisis que va más allá de la salud
La problemática no se limita al sistema de salud. La justicia en Colombia enfrenta retos similares. Los procesos judiciales pueden tardar entre cuatro y seis años en resolverse, y cada actuación dentro de ellos puede demorar meses.
En el caso de las tutelas, muchas EPS utilizan maniobras para aparentar cumplimiento. En mi caso, interpuse una tutela contra Famisanar EPS por medicamentos que nunca fueron entregados. Tras múltiples negativas y solo después de insistir, fui contactado hace 20 días para recibir únicamente un mes de tratamiento, pese a que adeudan siete meses.
Con esto, la entidad dio por cumplido el fallo ante la juez, aunque la realidad es otra. Esto evidencia la necesidad de que los jueces analicen de fondo las situaciones y exijan el cumplimiento real de las órdenes judiciales.
Hoy mi salud está seriamente comprometida: niveles de glucosa superiores a 300 mg/dL —cuando lo normal es alrededor de 100— y triglicéridos por encima de 700. Cuando recibía los medicamentos a tiempo, mis niveles se mantenían controlados. La diferencia no es menor: es la diferencia entre vivir con dignidad o deteriorarse gravemente.
Un llamado a la transformación
Colombia necesita un cambio estructural: un sistema de salud que priorice la vida por encima de los intereses económicos y una justicia que responda con oportunidad y transparencia.
Las EPS que no cumplen con sus compromisos deben ser liquidadas con prontitud. La mayoría de los colombianos agradecería que esas “carnicerías administrativas” fueran clausuradas para siempre.
La construcción de un país equitativo y eficiente depende de decisiones firmes. La salud y la justicia no pueden seguir siendo promesas incumplidas. Son derechos fundamentales que deben ser protegidos con responsabilidad y compromiso.
Fernando Sabogal Ojeda
Abogado y escritor
