Por: FERNANDO SABOGAL OJEDA
Hay una diferencia enorme entre robarle al Estado y robarle la comida a un niño. En ambos casos hay corrupción y debe existir justicia, pero cuando los recursos públicos destinados a alimentar a los menores terminan en manos de funcionarios corruptos, contratistas inescrupulosos o redes de intermediarios, estamos ante una de las formas más indignantes de corrupción.
Porque no se están robando simplemente millones de pesos. Se están robando desayunos, almuerzos, nutrientes y oportunidades.
Cada recurso desviado de un programa de alimentación infantil puede significar un alimento menos para un niño que lo necesita. Cada contrato manipulado, cada sobrecosto injustificado y cada irregularidad afecta precisamente a quienes deberían ser una prioridad del Estado: los menores y las familias más vulnerables.
El problema no es únicamente jurídico. También es moral. ¿Cómo puede alguien enriquecerse a costa del hambre de un niño? ¿En qué momento perdimos la sensibilidad frente a una realidad tan dolorosa?
Por eso, cuando existan denuncias sobre corrupción en programas de alimentación infantil, las instituciones deben investigar con rigor y llegar hasta el último responsable. Si se demuestra la comisión de delitos, funcionarios, contratistas o particulares deben responder ante la justicia, sin importar su poder económico, político o sus relaciones.
Pero tampoco basta con investigar después del escándalo. Se necesitan controles permanentes y transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero se destina a alimentar a los niños, quién lo administra, cuánto cuesta cada ración y, sobre todo, cuántos menores reciben realmente los alimentos que figuran en los informes oficiales.
Hay algo que nunca debemos olvidar: los niños no tienen la culpa de la corrupción de los adultos.
Un menor que llega a la escuela esperando su alimentación no entiende de contratos ni licitaciones. Sabe que tiene hambre y confía en que los adultos cumplirán con su deber.
Por eso, robar los recursos destinados a alimentarlo no es simplemente un acto de corrupción. Es una traición a los más vulnerables y una afrenta contra la sociedad.
La justicia debe actuar, pero también debemos exigir prevención, vigilancia y transparencia.
La comida de un niño no se toca.
La nutrición de un niño no se negocia.
Y los recursos destinados a protegerlo no pueden convertirse en el negocio de unos pocos.
