Manifestó Felipe Alejandro González S. magister en Derechos Humanos y Democracia, Gobierno y Relaciones Internacionales: La Gobernadora Adriana Magaly Matiz, se muestra como vehemente y ardorosa protectora de la paz. Réplica todavía, con aire pesaroso, la manoseada arenga de la seguridad democrática del Uribismo y retoma la quimera de remediar problemas sociales con presencia militar. Más allá de sus rabiosos reclamos contra Gustavo Petro, ya frecuentes y predecibles en cualquier evento público, el más reciente el lanzamiento del Festival Folclórico en Bogotá y su encuentro contra el Gobierno Nacional, su discurso de paz lo ensombrece un “matiz” de verdades a medias y ausencia de resultados.
La casta política de la Gobernante, no es de adalides de la paz y los derechos humanos. Al contrario, ella se nutre de voces que en la región lideraron la oposición a la refrendación de los acuerdos de paz entre Gobierno y la otra guerrilla de las FARC-EP, atacaron a la JEP, a la Comisión de la Verdad y no ha sido partidaria de la solución negociada del conflicto armado. En este aspecto, el pacto uribista conservador que tiene raptada la Gobernación del Tolima, ha sido muestra del cruento discurso de la seguridad democrática , que afianzaron al Tolima a desoladores sucesos que tienen que ver con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tácticas de castigo que ahora sacan a la luz los procesos de justicia transicional, a los que la Gobernadora poco o nada se refiere.
Existiendo como base el Plan de Desarrollo Departamental, un escrito vacío, insípido, extenso, difuso y lejano de la realidad, que ha confirmado que sirve más para enredar que para guiar, suelta un discurso de paz que se basa en micrófonos y boletines, pero no de hechos. El documento, que en sus bases conceptuales impugna el Plan Nacional de Desarrollo, deja en lugar secundario y rezagado los temas de víctimas y paz para el Tolima; no se aprecian obligaciones de gestión económica o de gobierno que permitan fortalecer resultados en la cimentación de paz territorial. La Gobernadora habla de paz, pero en su gestión la olvida, No es fácil asemejar algún resultado concreto y se pega de los resultados del Gobierno nacional cuando le conviene. En el gobierno de Iván Duque, Ricardo Orozco, otro cobijado de Barreto y antecesor de Matiz, se sumó al plan tortuga para frenar los dineros que eran para la ejecución del acuerdo de paz regional, atendiendo la orden de la derecha militarista que regía, hizo parte del plan originado desde el mismo Estado para entorpecer la culminación seria de los dineros de la paz y puso el palo en la rueda a todo lo que tenía que ver con la implementación de los acuerdos firmados, a lo que se suma, el desfalco y saqueo a los recursos del OCAD Paz en el Tolima, tema del cual se esperan resultados de denuncias en curso. Sobre estos temas, la Gobernadora no se pronuncia, no se le ve gestión alguna.
El doctor Felipe Alejandro González S. ya lo había manifestado en una columna de opinión: “La mandataria de los tolimenses, usa y emplea el proceder de su jefe político Óscar Barreto, quien en público ataca al Presidente pero en el Senado, cuando asiste, en medio del silencio que identifica su curul, vota favorable los proyectos del gobierno. Cuando se implementan las partidas presupuestales provenientes de la nación en el Tolima, saca pecho pero cuando los resultados concretos para las víctimas y para la construcción de paz territorial en su administración son inexistentes o invisibles, guarda el silencio. La manipulación del discurso de la Gobernadora, cumple con intereses electorales, politiqueros, para agrupar a dirigentes de ultra derecha en oposición radical, que están listos a expandir su maquinara electoral en 2026 por el que diga Uribe, que hablan de paz proviniendo de los hechos de la guerra “Si en realidad la Gobernadora del Tolima fuera una defensora de la paz ¿dónde podemos ver algún resultado concreto en lo que va de su administración?; ¿La fugaz llegada del exgeneral Zapateiro a la Gobernación fue un gesto de paz?. La paz de la gobernadora: ‘matiz’ de mentiras
¿Y de realizaciones que? Frustraciones en solitario. Anunciadas con bombos y platillos no aparecen, acueductos, alcantarillados, vías, el Bus TIC de la Gobernación presentado como una solución para cerrar la brecha digital, hoy la realidad es otra, el vehículo está abandonado en un parqueadero de la Fábrica de Licores, deteriorado y sin cumplir la promesa de llevar tecnología a rincones apartados del territorio. El director de Prospectiva TIC del Tolima, Carlos Alberto Sánchez, aceptó el mal estado del vehículo y su abandono señalando desgaste natural por su uso, el Bus TIC prestó servicios en 30 municipios, ayudando a 5.000 tolimenses entre niños, mujeres, adultos mayores y líderes comunales. Pero la falta de cuidado, planeación técnica y actualización tecnológica, se convirtió al proyecto en otro caso fallido. Los 14 computadores todo en uno, con pantallas táctiles que fueron el corazón del aula digital móvil no funcionan. La Gobernación anunció revivir el bus con tecnología de última generación, inteligencia artificial, realidad virtual y pantallas táctiles de gran tamaño. Anuncio que no pasa de ser otra promesa.
‘Cartel de la salud’. La inercia alimenta sospechas de obstaculización en la investigación de pagos y contratos con entidades vinculadas a redes de corrupción. El Federico Lleras no responde la petición de información detallada sobre contratos, arriendos y pagos relacionados con las IPS Unitrauma SAS y la Unidad Renal de Ibagué, empresas vinculadas al entramado conocido como el ‘cartel de la salud’. La solicitud a Martha Palacios, actual gerente del Federico Lleras, cuota política de Ricardo Orozco, designada de liderar una red clientelista que favoreció a grupos como el clan Serna Ramírez -controladores de Unitrauma- mediante millonarios contratos en el sistema de salud pública es objeto de silencio absoluto, para establecer con precisión el flujo de recursos públicos hacia clínicas privadas que operaron durante años como proveedores de servicios a la red hospitalaria pública, en condiciones que, según análisis y testimonios, favorecieron intereses particulares por encima del derecho a la salud, así como las obras de los hospitales de Rioblanco y Chaparral. Además de la existencia de una estructura paralela de poder en el Federico Lleras, dirigida por aliados del exmandatario, donde las decisiones clave estarían guiadas más por intereses políticos que por criterios técnicos o asistenciales.
