Dinero, elecciones y corrupción

Editorial

Se afirma con frecuencia que todo tiempo pasado fue mejor y, sin duda alguna ello tiene mucho de cierto, especialmente para quienes con los años hemos acumulado tantas experiencias, cuan diversas han sido las actividades realizadas en el largo transcurso de nuestras vidas.

Esa la razón por la que me atrevo a afirmar que durante gran parte de la época del bipartidismo y antes de la presencia del narcotráfico y de la irresponsable proliferación de los partidos políticos, la controversia se desarrollaba de manera distinta, si bien unas veces bajo el influjo del odio o la violencia, otras por el amor o la pasión profesada por tradición a un ideal político, lo que es preferible a lo que actualmente ocurre

Y fue en el tiempo, anteriormente descrito, que cada partido tenía su propia organización, con un directorio jerárquico que se encargaba de coordinar todas las actividades encaminadas a conseguir adeptos a través de las diferentes campañas electorales y a mantener su representación en todos los entes gubernamentales, administrativos y legislativos de la Nación, los Departamentos y los Municipios.

Pero para realizar esa labor era indispensable contar con unos recursos económicos que garantizaran una solvencia suficiente, no sólo para mantener el Directorio con sus respectivas dependencias, entre ellas la Tesorería que era la que se encargaba de recaudar los fondos para hacer posible los gastos de sostenimiento y los de viaje y publicidad durante las respectivas campañas políticas.

No sobra recordar además que los candidatos a la Presidencia de la nación por cada partido, al igual que los aspirantes al Congreso.

Asambleas y Concejos, eran escogidos, mediante listas con sus respectivos suplentes, a través de Convenciones, realizadas en cada circunscripción electoral y conformadas por los miembros de los directorios y los delegados de cada uno de éstos.

Obtener la elección en cualquiera de esos cuerpos colegiados constituía de por si un honor, pues era la mejor oportunidad de servir en representación de su partido, a la nación, el departamento o municipio según el caso, sin esperar ningún tipo de contrato o de negocio turbio que le generare al elegido contraprestación en dinero o en cualquier forma para su propio beneficio, algo tan común hoy cuando la corrupción ha llegado a niveles inalcanzables

El ser Concejal en esa época es el mejor ejemplo, pues era un servicio que se prestaba sin sueldo o algún tipo de remuneración y por lo regular a muchos se les escogía por su rectitud y honestidad o por ser ajenos a la contienda electoral.

Bastó entonces que el narcotráfico, con su ilícito poder económico, hiciera presencia en el país en las distintas actividades, para penetrar así mismo en la política con candidatos camuflados o mediante cuantiosos aportes a las diferentes campañas electorales, pero no con un propósito benéfico o altruista sino tras de una futura compensación bien sea mediante favores o contratos, una vez elegidos los candidatos beneficiados.

Actitud, esta última, semejante a las ayudas o colaboraciones de muchos empresarios y particulares que solo persiguen la misma finalidad, sin que los mueva algún noble ideal. Es decir, tan corrupta, criticable y desechable como las de los narcotraficantes.

Podemos afirmar que aportes como los anteriores, fueron los que movieron al constituyente del 91 a establecer el financiamiento estatal de todas las organizaciones políticas, como efectivamente ocurrió (Art. 109), estableciendo límites, tanto a los gastos en los que éstas pudieren incurrir en desarrollo de las respectivas campañas que realizaren, como a los aportes o contribuciones de particulares destinadas a tal fin.

Al efecto, el Estado se obligó a la reposición del voto en proporción al número de sufragios obtenidos, pero consecuente siempre con los topes de financiamiento impuestos y el cumplimiento de las diferentes normas reglamentarias y posteriores a la Constitución del 91 que señalaron distintas prohibiciones; se crearon estímulos al sufragante; y se conformó el MOE con la misión principal de vigilar y observar todo el proceso electoral.

Lo anterior, que podría haber sido una solución al efecto corruptor del dinero del narcotráfico y el de los ya conocidos empresarios, se agravó al no haberse prohibido la concurrencia de dineros distintos a los del Estado, máximo con la aparición de nuevos partidos y, por tanto, las de numerosos candidatos que antes que un ideal, solo persiguen sin mayor costo una curul que les garantiza una buena remuneración y con ella una mejor vida, sin contar con otras prebendas, por cierto, non sanctus,

De ahí que toda elección se ha convertido en un foco de corrupción, en una rapiña, donde domina el que más dinero invierta bien sea en publicidad o en la compra de votos al sufragante, por lo general del sector rural de analfabetas o campesinos a quienes poco o nada les interesa los supuestos programas de los candidatos.

A la peligrosa y corruptora influencia del dinero en la política y en el proceso electoral, se agrega infortunadamente la forma también como el Estado, víctima de una equivocada dirección de la política, le ha entregado al sector privado y empresarial el manejo de servicios públicos como el de la salud, la electricidad, el aseo, las comunicaciones, el transporte y otros más, contribuyendo a su desmedido enriquecimiento por el abuso en los precios y tarifas, sin un severo control oficial, llegando a tal punto hoy que en alianza con la oposición se consideran los dueños y señores del poder.

Por lo expuesto, podemos concluir que si queremos realmente un cambio y una transformación de fondo lo indicado es convocar, si nó ahora al menos al final de este gobierno, una Asamblea Nacional Constituyente que remedie los múltiples males de los que adolece nuestra patria.

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