Los gobiernos siempre manifiestan sus intenciones de erradicar prácticas indecorosas, arraigadas en nuestra forma de ser y de pensar, y para ello, han tomado medidas y creado estamentos gubernamentales y oficinas, como procuradurías, contralorías, personarías, que al traste dieron con lo que, en teoría esas mismas autoridades se han propuesto eliminar, porque fueron absorbidas por la misma corrupción.
Las normas que en distintas administraciones se expidieron, procuraron acabar con la podredumbre, estas reglas son muchas, pero nuestra idiosincrasia no ha permitido que ellas se cumplan. Demandas por ineficiencias procedimentales van y vienen y los fallos de jueces y tribunales no se hacen esperar ¿Cuántas veces no se han expedido por medio de leyes, decretos-leyes y otras providencias, disposiciones contra el mal proceder de los funcionarios? Los males a los cuales nos estamos refiriendo, que cunden, tanto en la actividad pública como la privada, provienen desde tiempos muy lejanos y por lo tanto encepados en nuestra sociedad como penosa enfermedad. Con las medidas tomadas, se ha procurado evitar delitos y otras graves ofensas al erario, para que el funcionario público no tenga, para esconder sus fechorías, que incendiar archivos de cuerpos colegiados, desaparecer archivos bancarios y de otras entidades, pero el avance de la corrupción parece incontenible.
Se presumía, por ejemplo, que las Asambleas y los Concejos, al menos tendrían entre sus componente, voces serias que mediante la denuncia recia y pública hicieran algo de control pero estos organismos fueron arropados por la misma ola de descomposición y todos terminaron en un solo costal ,como puede comprobarse en el Tolima y sus 47 municipios, con las denuncias de como el sigiloso agente de policía que ascendió a diputado y periodista, luego a secretario de despacho y finalmente a Gobernador y multimillonario; y el sinuoso ingeniero que, de funcionario segundón del Ibal, director del aeropuerto de Perales, luego secretario de despacho, para concluir como Alcalde de Ibagué y multimillonario también, triangularon casi toda la contratación con Olaguer Agudelo Prieto un contratista poco fiable que enfrentaba serios problemas por dejar obras sin terminar en diversos departamentos y al cual le adjudicaron obras por más 180.000 millones, entre ellas, los hospitales de Chaparral y Rioblanco y el viaducto de la Calle o Avenida 60
Pero el silencio de los organismos de control y directorios políticos es más grave, sobre todo el de la procuradora regional Costanza Vargas Sanmiguel, que nunca abrió la boca en torno a que investigaciones adelantó por los desmanes en los citados gobiernos. Según denuncias, había o hay, señoritos becados por el Federico Lleras Acosta en el exterior y contratos indebidos de facturación por más de 18 mil millones, y no tiene quien investigue? No se escuchó opinión ni suya ni de los otros procuradores, y menos de la fiscalía en torno a las anomalías en las contratación del Plan de Alimentación Escolar, La autorización para la comercialización del poderosos aguardiente Antioqueño, y el aguardiente Amarillo que sentencia la muerte del Tapa Roja, pese a que el señor Orozco lo vistó de rosado “mariquiteño”. El turismo del alcalde Hurtado, la dudosa contratación del viaducto de la 60, la destrucción de la Concha Acústica, el fracaso de la construcción del acueducto Alterno y de la Unidad de Víctimas en coordinación con el gobierno nacional, los sobrecostos en la construcción de escenarios deportivos o el empantanamiento de la culminación de trabajos en diversos centros educativos, tampoco merecieron una investigación por parte de la señora Procuradora
El papeleo, la tramitología, el aval, la nómina certificada, las constancias, los sellos, contrasellos, el visto bueno o famoso “chulito” para darle trámite a un documento oficial son simplemente retenes para justificar burocracia inútil y la imposición de retenes que solo sirven para aumentar la putrefacción a que ha llegado el manejo del estado.
