Continuamos atravesando por un pasaje negro de la Justicia en Colombia como secuela de la carencia de principios de quienes son nominados para encargarse de su aplicación. Y mientras los ciudadanos consideramos que la Justicia debe ser imparcial, ecuánime, objetiva y como su nombre lo indica: JUSTA, confirmamos que el sistema judicial está corrompido, salvo contadas excepciones, pues no importa quien tenga la razón para que se imponga la imparcialidad, sino quien tiene más influencia, más amigos, más poder de intimidación, o pague más para que no se hagan efectivas las pesquisas, los sondeos, las investigaciones, el escudriñamiento, las indagaciones, necesarias para esclarecer la verdad y castigar a los corruptos, a los bandidos, a los malhechores, a los violadores de la ley.
Es vergonzoso el trabajo y la actuación de los magistrados de las denominadas “Altas Cortes y Tribunales Superiores” que son ágiles para proceder contra los que no poseen “categoría”, pero se hacen lentos en la toma de decisiones cuando los implicados son de casta, abolengo o pelaje forrado en poder, bienes y dinero. Y es penoso que los órganos encargados de imponer los correctivos, las sanciones, las penas, como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría General de la Nación, descansaran en las manos incorrectas de personajes como las de Luis Camilo Osorio, Vivian Morales, Mario Iguarán, Néstor Humberto Martínez, Francisco Barbosa Delgado, Alejandro Ordóñez, Margarita Cabello o Carlos Felipe Córdoba, elegidos por un congreso indigno, porque desencadena una acción de impunidad que prosigue en fiscalías seccionales, procuradurías regionales, contralorías departamentales y municipales. Pervertida la cabeza, putrefacto todo el cuerpo.
Por lo anterior y comprobado con los escándalos de todo tipo a nivel nacional, es imposible avizorar castigo para los depredadores del erario en las regiones. En el caso concreto del Tolima y sus cuarenta y siete municipios, pero especialmente en su capital Ibagué, son conocidos los enriquecimientos ilícitos de gobernantes, alcaldes, funcionarios y contratistas que han escamoteado los recursos de la salud, la educación y todo tipo de obras de infraestructura, sin que por ello exista una investigación seria que origine un escarmiento. Nada ha sucedido y seguramente nada pasará con las investigaciones contra el hoy senador Óscar Barreto, por las irregularidades cometidas durante sus ocho años como gobernador del departamento. A lo anterior se suma la afirmación de que el Gobierno Nacional tiene pruebas suficientes para procesar penalmente al exgobernador Ricardo Orozco, de la misma línea del antes nombrado, señalado de liderar, presuntamente, el cartel de la salud en el Tolima y la danza de millones que extrajeron de los hospitales del departamento y contrataciones ladinas con varios de sus amigos, así como el despilfarro de más de mil quinientos millones para la construcción de una lujosa mansión para su usufructo con la complicidad de sus funcionarios más cercanos y, a lo mejor, nada acontecerá.
Y ni que decir de Andrés Fabián Hurtado que durante sus cuatro años de mandato se distinguió por las algarabías monumentales, por pactos anodinos, sospechosos arriendos, convenios, contrataciones y muchas más acciones indebidas con los recursos públicos,, sigue ordenando lo que debe hacerse en la ciudad en la actual administración.
Un rastreo de lo ocurrido, son los hospitales del Tolima, la construcción de escenarios deportivos, la reparación de vías, la construcción y adecuación de establecimientos educativos y otras obras que nunca se terminan como el acueducto complementario para Ibagué, la contratación de asesores y periodistas y las inmorales parrandas permanentes pagadas con recursos públicos. Todo lo anterior le resbala cínicamente a los denominados “órganos de control”, a magistrados, a jueces y procuradores, a diputados y concejales y, obviamente, no son del resorte de senadores y representantes porque, da la impresión, de que todos son harina del mismo costal. Como quien dice, continuaremos en el reino de la impunidad, salvo que la nueva orientación de la Fiscalía General de la Nación nos deje ver una luz al final del túnel.
