* Celsia, Interaseo y Alcanos, arruinan los escasos recursos de los estratos 1, 2 y 3
* Los usuarios de Interaseo podrían declararse en desobediencia y no pagar las abusivas facturas de esa empresa antioqueña.
Alcalde de Ibagué
Hubo en el Concejo, debate de control político a Interaseo SAS y Celsia, empresas que prestan los servicios públicos de aseo y energía eléctrica. El concejal Jorge Bolívar denunció las altas tarifas que los usuarios de los estratos 1 y 2 pagan por concepto de aseo y comparó la tarifa con la de otras ciudades, y la diferencia que exhibió es abismal. Quedó demostrado, por la misma exposición que hizo Interaseo, que esta es una de las ciudades donde se paga la tarifa de aseo más alta del país. En cifras que entregó Bolívar, el cobro mínimo en Ibagué para un hogar estrato 1 se ubica sobre los $45.000. Mientras, en Pereira apena paga $10.000 y en Cali un máximo de $18.000. Diferencias de hasta el 350 %. La conclusión es que frente al tema de tarifas en la ciudad de Ibagué siempre nos enredan con las famosas fórmulas establecidas por la Comisión Reguladora (CREG) y es la excusa para tener un alto cobro en los servicios públicos en nuestra capital. Bolívar, una solución que propone, es que la Alcaldía subsidie la tarifa, por lo menos de los estratos 1 y 2.
El subsidio para los estratos 1, 2 y 3 es un engaño
Hoy el subsidio que se le da a estos estratos no llega al 10 %, mientras que en otras ciudades llega el 68% y hasta el 70 %. El llamado es que la administración presente un proyecto de acuerdo donde se amplíen los subsidios para los estratos 1 y 2. Con la propuesta, los usuarios de aseo en Ibagué, de los estratos más bajos, pasarían de pagar $45.000 o $49.000, a $10 000 y $15.000 pesos, reduce así el pago en los recibos de energía eléctrica, que la mayor parte corresponde al aseo público.
El cinismo del gerente de Alcanos
Los concejales Jorge Bolívar y Julián Serna también citaron a debate a la empresa Alcanos, que suministran el gas a los ibaguereños, con motivo de la inmoderada alza en las tarifas de familias de estratos 1 y 2 a lo largo del 2024, en el que se pasó de pagar metro cúbico de gas de $3.800 a casi $8.000. En ese instante, el gerente del Centro Operativo de Alcanos, Alejandro Velásquez, alegó cínicamente que la empresa está en todo su derecho de subir las tarifas de las familias de más bajos recursos, pues el aumento está enmarcado en la ley y era una acción necesaria para restablecer las cuentas de la entidad. Afirmando que: “El alza en los precios que inició desde enero de 2024 corresponde a un ajuste tarifario, producto de un congelamiento de las tarifas en 2020, de acuerdo con la resolución 048 del CREC en 2020 y modificada por la resolución 102-011 del 2024. Lo que hizo el Gobierno de Duque fue congelar las tarifas, ahora estamos recuperando esos aumentos que no hicimos”. Y añadió que, “según la resolución, la empresa tiene un plazo de entre 36 y 60 meses para recuperar los porcentajes de aumento que dejó de recibir durante la pandemia. Por este motivo, Alcanos planeó un aumento variable de la factura entre enero de 2024 hasta marzo de 2025; sin embargo, debido a las protestas en diferentes municipios y las acciones legales en su contra, decidieron que los aumentos irían solo hasta diciembre de 2024”.
Según resolución 003 de la CREC del 2021, para los estratos 1 y 2 existen subsidios que permiten ahorros para los primeros 20 metros cúbicos de gas consumidos por mes, de hasta el 60% del valor para estrato 1 y 50%, para estrato 2. Si una persona estrato 2, consume 35 metros cuadrados, claramente su factura se va a incrementar mucho, porque 15 de esos no tienen el subsidio. El concejal Bolívar aseguró que buscaría acciones legales para impedir el “abuso” de la empresa, ya que Alcanos estaría cayendo en una presunta prescripción de términos. “Si yo empiezo a contar desde la resolución del 12 de abril de 2020, dan 4 años, estamos frente a un fenómeno de prescripción, Alcanos dejó pasar el tiempo de cobrar esa plata y vamos a buscar a obligarlos jurídicamente a que la devuelvan”. La empresa afirmó que ellos no podían cambiar algo normativo “por asistir a un debate de concejo”.
