Finalmente, el Ejército de Liberación Nacional forzó al presidente Petro a suspender los contactos políticos con esa guerrilla, abortando la próxima reunión extraordinaria de las delegaciones negociadoras prevista en Caracas, en la que el gobierno esperaba escuchar de la delegación del ELN, que valía la pena regresar a la mesa de negociaciones suspendida desde octubre.
En el anunció del 17 de enero el presidente habló de suspender los diálogos, pero el resultado necesario es la ruptura indefinida, como cabía esperarse escuchando el eco de las palabras previas del jefe supremo de la fuerza pública. Porque tras el ataque del ELN al cuartel policial de Puerto Jordán con una volqueta cargada con explosivos – con el cese al fuego bilateral no renovado –, Petro dijo que fue “una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”, y suspendió las conversaciones. Y ahora, ante los asesinatos de civiles indefensos y el desplazamiento forzado de miles de ciudadanos en el Catatumbo que se achaca al ELN, los califica de “crímenes de guerra”, y afirma que “El Eln no tiene ninguna voluntad de paz”, según escribió en X.
Coherente con su concluyente dictamen, era inevitable que el presidente cerrara la puerta que abrió en Ciudad de México.
Queda por definir si las partes del proceso roto tienen voluntad real de concluirlo, y si una reapertura de negociaciones oficiales es posible. La primera opción requiere de ciertas condiciones subjetivas, y la segunda, que las condiciones objetivas lo permitan. Sin embargo, ninguna favorece la renovación del proceso malogrado.
Sobre la primera de las condiciones subjetivas – la decisión de paz de las partes–, considérese que la delegación del ELN no ha dado certeza de estar preparada para renunciar al uso de las armas y firmar un acuerdo con este gobierno.
Al contrario, Pablo Beltrán y Antonio García renunciaron a hacerlo, cuando en noviembre dijeron que el tiempo de Petro está por agotarse, y que continuarán los diálogos con el que llegue.
Revelan que no tienen interés en concluir pronto el proceso, y que están preparados para que en cualquier tiempo vuelvan a convocarlos a “dialogar de paz”.
Nada justifica que después de seis décadas de guerra y el espejo de seis acuerdos de paz celebrados por otras tantas guerrillas, la comandancia no haya decidido si firman un acuerdo semejante, o prosiguen la guerra sin fin. La elección es su derecho, pero que lo digan claramente.
En cuanto a las condiciones objetivas, el primer tropiezo histórico se encuentra en el funcionamiento no centralizado del aparato político y militar del ELN, que impide al Comando Central imponer sus decisiones, o lograr por consenso la decisión de firmar la paz. El M-19, EPL, Quintín Lame, PRT, Comandos Urbanos Ernesto Rojas, o FARC, firmaron la paz porque respondían a un mando central.
En el ELN, en cambio, mientras sus delegados negociaban con Santos, el frente Oriental planeó y ejecutó el ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dio al traste con las conversaciones en camino. Y los frentes Oriental y Nororiental pusieron en el Catatumbo la mecha que explotó el proceso con Petro. El COCE no puede meterlos en cintura, como no pudo con el frente Comuneros del Sur que renunció a ser parte del ELN para adelantar por separado su propio proceso de negociación con este gobierno.
La segunda situación que apuntaba al futuro rompimiento del proceso – aunque no se ha visto –, es el compromiso que el gobierno adquirió en La Nueva Agenda para la Paz de impulsar un larguísimo y ambicioso listado de transformaciones políticas y sociales que no dependen de la voluntad y competencias exclusivas de la presidencia, porque involucra al congreso y al poder judicial para respaldar los acuerdos. Y la realidad predice que no se aprobarán todas con la composición política actual de esos poderes. El tercer inconveniente es no haber previsto que desarrollar los compromisos previos, rebasa el período constitucional de Petro. De todos ellos, solo se ha cumplido satisfactoriamente la socialización con las comunidades en los territorios.
Se creó una cuarta situación que amenaza el éxito de cualquier acuerdo, al pactarse que el ELN no se desmovilizará hasta que las reformas políticas sociales, además de aprobadas por el Estado, estén realizadas. El ELN está en su derecho de tomar recaudos sobre una desmovilización precipitada, pero abusa con esa condición para el desarme. Toda una trampa que le autorizaría a denunciar el incumplimiento del gobierno.
Por último, la causa del rompimiento. Acordar un cese al juego bilateral con una fuerza armada que coincide en un mismo territorio con otras acogidas o no a la oferta de paz, no evitaba la disputa sangrienta por el control de las fuentes de combustión de la guerra: la extorción, la minería ilegal… las drogas. La trabazón de fusiles hace improbable la eficacia de cualquier cese al fuego pactado por separado con el ELN y las disidencias de las FARC, o el que pudiera pactarse con el Clan del Golfo o cualquiera otra organización armada. El resultado está a la vista: dos organizaciones dialogantes con el gobierno se enfrentan a muerte en el Catatumbo, acusándose mutuamente por los asesinatos cometidos a sangre fría.
Los huevos rotos con el ELN han de servir para que en el futuro, previa la iniciación del protocolo de negociación, se exija demostración de que la organización está preparada para firmar la paz. Aceptar discutir un plan para la reubicación de la fuerza antes de elevar el nivel de contacto al protocolo de la mesa de negociaciones, es una señal indudable de tener resulto el dilema entre la paz o las armas.
La oferta de paz hecha de buena fe, debe caer en terreno preparado para acogerla, porque los colombianos merecemos vivir en paz de modo permanente, como en los países civilizados que envidiamos.
