Se ha ido Margarita Cabello Blanco con publirreportajes en medios que se han prestado para lavarle la cara, vergüenza para ellos que ni siquiera pretendieron cuestionarle por las irregularidades cometidas en su vida pública; se convierten en cómplices de sus abusos de poder, en hechos que deben ser investigados disciplinaria y penalmente. Algunas de sus irregularidades que merecen todo el repudio ciudadano y la acción de la justicia penal y disciplinaria. Ha contado con impunidad garantizada, no debe ser más el caso, personajes de esta naturaleza le han hecho un inmenso daño a Colombia.
Margarita Cabello Blanco, politizó la Procuraduría como ninguno de sus predecesores. Pretextando cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Gustavo vs el Estado colombiano, logró hacer aprobar una ley en el Congreso que pretendía que la Procuraduría tuviese facultades judiciales. El fallo de la Corte Constitucional sobre la misma, no le permitió tal propósito, pero sí crear 1.208 cargos con un incremento de más del 20 % de la planta de personal; luego creó una nómina paralela que le costaba más de $3.000 millones al Estado y que le habría permitido pagar los favores políticos, contribuyendo al derroche presupuestal y el mayor descrédito de la institución. Dentro de sus decisiones reprochables está también el haber favorecido al Clan Char, sancionando a la exsenadora Aida Merlano, quien ha entregado pruebas sobre la participación de Arturo Char y Alejandro Char en compra de votos.
El Presidente de uno de los sindicatos de la Procuraduría, William Millán denunció ante la Corte Suprema de Justicia un caso de corrupción en que estaría implicada la Procuradora Cabello Blanco y el Secretario General, Carlos Alberto Castellanos Araujo, con la presunta comisión de delitos como el prevaricato y el peculado por apropiación. Se argumentó la compra de un predio en la ciudad de Barranquilla con un sobrecosto del 102% un edificio que había sido tasado por la Universidad Nacional en $10.043 millones, pagando por el mismo más de $20 mil millones.
Luis Guillermo Pérez Casas indicó: “Conocí a Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación en las sesiones de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, de cara a las elecciones de 2022, en ellas participé como único magistrado de la oposición en el seno del Consejo Nacional Electoral. La cuestioné por dos temas, su silencio ante la grosera participación en el debate político electoral del Presidente de la República Iván Duque contra Gustavo Petro, del Mindefensa Diego Molano Aponte, del general Zapateiro Comandante del Ejército y del Ministro del Interior Diego Palacio, frente a esta omisión cumplió un rol muy activo en presionar por una serie de requerimientos para impedir, como efectivamente sucedió, que no se pudiese auditar internacionalmente el software de escrutinios de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República del 2022. Luego en una reunión en su despacho con el CNE en pleno, le pedí que usara las facultades que le otorgaba la Constitución y la ley, para pedir al Presidente de la República la suspensión de las elecciones en la CITREP en el sur del Magdalena, de La Guajira y en el Cesar, porque en la campaña por la representación de víctimas en la Cámara se estaba intimidando a la población campesina y líderes de víctimas que aspiraban a ser electos, para hacer elegir como congresista al hijo del peor de los victimarios en la región, Jorge 40. La señora Cabello enfureció y gritó pretendiendo intimidarme descalificando mi propuesta, ante lo cual le exigí respeto porque no era subalterno suyo y de serlo también tendría que respetarme”
En el estallido social del 2021, sus omisiones, facilitaron que se asesinara por la fuerza pública a más de 80 jóvenes, se mutilara en sus ojos a más de cien de ellos, se torturara y desapareciera a muchas personas, se detuviera arbitrariamente a cientos de manifestantes y a que decenas de ellos se les iniciara y condenara por terrorismo sin efectivas garantías judiciales. Antes de ser Procuradora, el 21 de marzo de 2020, 24 internos en la Cárcel Modelo fueron masacrados y 107 resultaron heridos tras un motín en reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del Covid-19. Según HRW, las muertes fueron intencionales, Ella era la ministra de Justicia, y el General Norberto Mujica director del Inpec. Al día siguiente de la matanza Cabello dijo que se sentía “orgullosa porque la guardia había impedido un plan de fuga”. No hubo sanciones disciplinarias ni penales, Cabello fue elegida Procuradora General de la Nación cinco meses después, Francisco Barbosa como Fiscal General sepultó en la impunidad las investigaciones. El general Norberto Mujica fue luego nombrado Director de Inteligencia de la Policía, quien nombró a Juan Miguel Thiriat Tovar como Subdirector, coincidió su gestión con la compra de Pegasus. Luego Cabello lo llevó como asesor de seguridad a la Procuraduría. ¿Cuál fue el rol de Margarita Cabello Blanco por acción u omisión frente a la matanza de la Modelo? ¿Cuál su rol frente al software espía Pegasus? Le corresponde a la CSJ investigarla disciplinariamente y sancionarla penalmente.
Luis Guillermo Pérez Casas como Superintendente de Subsidio Familiar, la volvió a ver a penas a cuatro meses en el ejercicio del cargo en el Gobierno del Cambio y ordenó usar la PGN para perseguirlo, suspenderlo nueve meses y logró que lo destituyeran e inhabilitaran por 12 años por pedir respaldo por la población de Buenaventura en apoyo a la iniciativa de paz de Monseñor Rubén Darío Jaramillo y por ejercer facultades propias de su cargo.
Nunca hubo una queja disciplinaria en su contra ni siquiera anónima. Ante sus denuncias presionó por una sanción adicional, le abrieron otras investigaciones y lo hizo multar con 123 millones de pesos. Al tiempo destituyó e inhabilitó por 10 años en sus derechos políticos al ex canciller Álvaro Leyva violentando una vez más la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su art. 23 establece que sólo una autoridad judicial puede limitar los derechos políticos.
Se sancionó a Leyva por oponerse a un pliego sastre hecho a la medida de los ex convictos hermanos Bautista dueños de Tomas Greg & Sons para hacer un contrato multimillonario de los pasaportes, firma que sigue monopolizado la contratación en los procesos de organización de las elecciones.
