Ocho anónimos, perversos e infames senadores de la Comisión Séptima, radicaron ponencia de archivo de la Reforma Laboral y la dejaron prácticamente hundida. El presidente Gustavo Petro refutó avisando romper relaciones con el Congreso y notificó que buscará una consulta popular para aprobarla. Es factible que los ocho archivadores de la laboral también se pongan de acuerdo para hundir la reforma a la salud, que acaba de ser aprobada en la Cámara y que aún debe pasar por esa comisión. Ante este hecho, Petro también afirmó que la consulta popular incluiría la reforma a la salud.
Las reformas sociales del gobierno llegan a su fin en este pérfido Congreso y si se aspira insistir, deben radicarlas el otro semestre, cuando los congresistas no van a sesiones, pese a sus onerosos salarios, por estar en campaña y en noviembre arranca la ley de garantías que congela parte de la contratación del gobierno y tasa su capacidad para lograr apoyos. Así, de las reformas sociales tramitadas por vías ordinarias, solo queda la reforma pensional, que fue aprobada, pero está a la espera de definición de la “politizada” Corte Constitucional. El tajante archivo de la laboral, indica que el gobierno no pudo con “la banda” que anunció, con descaro, tener en el Senado y la Comisión Séptima, el corrupto y siniestro senador conservador Efraín Cepeda, protector de los clanes políticos y económicos. Cepeda ya había tumbado la primera reforma a la salud.
El gobierno quiso impulsar su agenda con discursos desde la Casa de Nariño, protestas en las calles y la propuesta de una constituyente. Ahora lo hace con un llamado a una consulta popular, mecanismo que nunca ha logrado aprobar nada. La reforma laboral se radicó en agosto del 2023, luego de un trámite lento de más de año y medio, en el que sufrió cambios. Llegó al Senado el 25 de noviembre del 2024 a la Comisión 7ª para el 3º de 4 debates. El proyecto aprobado en Cámara acogía solicitudes de derechos perdidos con Álvaro Uribe, como horas extras, pago de festivos y recargos nocturnos, reunía pedidos sindicales como contrato laboral para aprendices del Sena y aumento de las licencias de maternidad y paternidad. La vía para el archivo inició cuando Nadia Blel presidenta de la comisión, designó ponentes a los 14 senadores de la Comisión. Tenían hasta 15 días para presentar ponencias. Los cuatro senadores del Pacto radicaron la positiva en diciembre. Los demás pidieron plazos para hacer audiencias públicas.
La ponencia de archivo de Miguel Ángel Pinto, liberal y, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, volteó más de un mes, pues no todos habían firmado. Llamaron para preguntar quiénes más entraban en la negativa y “las cristianas” Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo y, “la campesina” Berenice Bedoya, de la ASI, se unieron. Así armaron el grupo que hizo el anuncio. El gobierno no tuvo reacción. Petro divulgó que hay un bloqueo institucional y que entonces el pueblo debe decidir a través de una consulta popular sacar adelante las reformas. Para su convocatoria, la Ley exige la firma de todos los ministros y la aprobación de la Plenaria del Congreso. Si lo consigue, la votación debe ser convocada, máximo 3 meses después del concepto del Senado. Para que la consulta sea válida se requiere una tercera parte del censo electoral, 12 millones de personas. Y que de estas, la mayoría vote a favor. Lograr eso es difícil, la última vez que hubo una, fue en 2018, en el referendo anticorrupción. No alcanzó el umbral.
El ministro de Trabajo dijo: “En una democracia el Congreso no puede negarse a discutir una reforma que reclaman los trabajadores y la sociedad. Aún hay tiempo para reflexionar y rectificar”, mientras la voz de los sindicatos fue clara. “Es una declaratoria de guerra del establecimiento neoliberal y la extrema derecha contra el movimiento social y popular”. Según Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores “Llegó el momento de las definiciones y nosotros vamos a usar la movilización social”. Los gremios también se manifestaron: “La actual coyuntura debería ser entendida como una oportunidad para reflexionar y construir la reforma que necesita el país, en beneficio de trabajadores y empleadores, motor del desarrollo de toda sociedad”.
El presidente pone su gobierno en función de la movilización social, lo hizo en la Costa cuando pidió marchar para presionar por la reforma a las tarifas de energía; las ha pedido para avivar la reforma agraria, revertir la supresión del Ministerio de Igualdad o defender la reforma pensional ante la Corte Constitucional y el bloque liberal que lo respalda sigue a la expectativa. Pero el gobierno afronta también a las Cortes, la Constitucional analiza la demanda contra la reforma pensional y el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Si pierde en ambas, algo que es posible, Petro se quedará sin el norte que trazó, de hacer grandes intervenciones sociales.
