Montó millonario negocio de provisión de medicamentos con empresa del Caquetá
Martha Palacios y Ricardo Orozco, la pareja maravilla que puso a facturar a Discolmest mas de 120.000 millones de pesos.
-De contratar $10 millones pasó a $120 mil millones en hospitales del Tolima
La estrategia que se diseñó durante el mandato de Ricardo Orozco como gobernador del Tolima para desviar millonarios recursos de la red hospitalaria pública del departamento, parece haber sido concebida por un mismo cerebro. Las investigaciones evidencian un patrón delictivo y contractual repetido: la ocupación de modestos proveedores de insumos y servicios médicos que, de manera repentina, durante el cuatrienio de Orozco, se transformaron en contratistas multimillonarios.
El caso atañe a una distribuidora de medicamentos originaria de Florencia, Caquetá, fundada en 2003, y que apareció en el Tolima en 2017. Ese año, la entonces gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, Kerlly Cortés Beltrán, le adjudicó un contrato por 10 millones para suministro de medicamentos. También llegó al Hospital Federico Lleras en esa misma vigencia, cuando el centro asistencial estaba bajo intervención de la Supersalud. El objeto del contrato era igual: suministro de medicamentos. “Cuando llegó Ricardo Orozco montaron la primera licitación de medicamentos en el 2020, por $20.000 millones, la orden fue clara: todo es con ellos”, afirmó una fuente del Federico Lleras, cercana al proceso y que solicitó reserva de identidad. La instrucción se cumplió al pie de la letra. Discolmets, procedente del Caquetá, registró un crecimiento acelerado durante el gobierno de Orozco y continúa vigente, gracias a que el exmandatario mantiene el control sobre buena parte de los hospitales públicos del Tolima con sus fichas políticas, como Martha Palacios, actual gerente del Hospital Federico Lleras Acosta.
Desde 2020, Discolmets ha facturado más de 126 mil millones en la red pública hospitalaria. De esa cifra, más de 97 mil millones han sido desembolsados por el Hospital Federico Lleras. Esta situación explicaría cómo Orozco seguiría manejando los centros asistenciales. Un exintegrante del cartel de la salud y una fuente interna del Hospital Federico Lleras detallaron el modus operandi que se habría diseñado para asegurar el éxito de este proveedor en todas las convocatorias contractuales de los hospitales. “Las abogadas que enviaban desde la Gobernación y que integraban las juntas directivas de los hospitales vigilan cada contratación y definen aspectos clave para calificar a los oferentes, de modo que siempre ganará el que ellos decidan”. Entre los criterios más relevantes, explicó, se encontraba la exigencia de altos indicadores financieros para restringir aún más los procesos y que los proponentes ofertaran el mayor número de medicamentos posibles. “El Federico Lleras pasó de contratar directamente con laboratorios, con precios más bajos, a cerrar las licitaciones para abrirle las puertas a un mega distribuidor; en este caso: Discolmets”, reveló la fuente.
El mecanismo era simple. Antes de la llegada de Ricardo Orozco a la Gobernación, el Hospital Federico Lleras solicitaba a los oferentes que cotizaran los productos requeridos, sin mayores exigencias. “Por eso participaban laboratorios directamente, Se veía a Bayer o Procaps pero, las abogadas de Orozco, impusieron la condición de cotizar al menos el 80 % de los medicamentos o insumos solicitados. Con eso sacaron a los laboratorios y dejaron el camino libre para los distribuidores”. Así se consolidó Discolmets en la red hospitalaria pública, logrando adjudicaciones en al menos 14 centros asistenciales del departamento. Su mayor contratante ha sido el Federico Lleras, con un total superior a los 97.851 millones. Le sigue el San Rafael de El Espinal, que le adjudicó 9.618 millones y el San Juan de Dios de Honda, con contratos por 7.892 millones. También logró una buena participación en el Hospital Regional del Líbano, con más de 7.038 millones y en La Candelaria de Purificación con 1.611 millones. El resto de los contratos se distribuyeron así: el Hospital Santa Bárbara de Venadillo le otorgó 254 millones; el San Antonio de Herveo, 133 millones; el San Juan Bautista de Chaparral, 28 millones; el San Roque de Alvarado, 27 millones, el Especializado Granja Integral de Lérida, 26 millones y el Louis Pasteur de Melgar, 74 millones. En menor cantidad, también con el Hospital Santa Rosa de Lima de Suárez por 6 millones y con el San José de Ortega 10 millones. En total, Discolmets ha logrado apropiarse de más de 126.000 millones en contratos con hospitales públicos del Tolima desde el gobierno de Ricardo Orozco.
Dos nombres se repiten en la investigación: Carmen Patricia Henao y Manuel González, quienes dirigieron los hospitales San Rafael de El Espinal y Regional del Líbano durante el cuatrienio de Orozco, conocidos por su cercanía al exgobernador barretista, fueron los primeros en contratar con este distribuidor de medicamentos en el año 2020, justo al inicio del nuevo mandato. El 1 de enero de 2020, a pesar de ser festivo, el entonces gerente del Hospital de El Espinal suscribió un contrato por 95 millones. Ese mismo día, también festivo, el gerente del Hospital de El Líbano, Manuel González. adjudicó 40 millones al mismo proveedor, consolidándose así como piezas básicas en la red de contratistas.
En lo referente a Ibagué, lo que ha provocado la gerencia de la USI con la contratación, las salidas o renuncias abruptas, nuevos nombramientos, polémicas y reiterados llamados de atención por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el Concejo Municipal de Ibagué. Los concejales Jorge Bolívar y Joseph González, citaron un debate de control político a la USI, compartieron un formulario de al menos 19 preguntas respecto a la actualidad de las finanzas del Hospital San Francisco, los recursos que ha girado la Alcaldía a la empresa, las deudas a empleados, los procesos de contratación de la USI, el futuro del Hospital del Sur, entre otros asuntos. Igualmente, se espera que la gerencia dé respuestas sobre la crítica situación que enfrentan los puestos de salud de los 17 corregimientos, los cuales tienen en vilo la salud de los campesinos, pues en su mayoría se encuentran cerrados y prestando pocos o nulos servicios.
