El Cartel más poderoso de corrupción judicial en Colombia lo conforman los magistrados de las altas cortes que están por encima de la figura presidencial
Con Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, salieron a la luz pública informaciones del periodista Daniel Coronell, que vinculan a Camargo en relaciones con personas implicadas en corrupción, sus favores a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el beneficio a políticos para no ser investigados. Una grabación de 2017 realizada por la DEA menciona a Camargo, involucrado en lo que se conoce como el Cartel de la Toga, red de corrupción judicial que operaba, con sobornos pagados a cambio de sentencias y que fue una de las mayores mafias que infiltró la justicia en cabeza de Luis Gustavo Moreno, entonces zar anticorrupción de la Fiscalía. En lo grabado por la DEA, se prueban pagos ilegales para torcer la justicia y se menciona en forma específica a Carlos Camargo, quien, buscó la ayuda de Rodrigo Noguera, entonces rector de la Sergio Arboleda, para “no ser jodido” al ser mencionado en el escándalo.
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, sepulturero de la Reforma Pensional y verdugo de los tres millones de viejos que esperaban su pension vitalicia.
El progreso de Camargo fue facilitado por su cercanía con actores políticos, como la exprocuradora Margarita Cabello y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marjorie Zúñiga Romero, quienes respaldaron su candidatura.
El hoy magistrado de la Corte Constitucional, tiene un historial en el que se destaca, su actuación durante la investigación del caso Odebrecht, absolviendo a Óscar Iván Zuluaga, que aceptó que sí hubo aportes de Odebrecht a su campaña y por eso está siendo procesado. En su paso por la Defensoría del Pueblo, otorgó puestos clave a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el nombramiento de la hija del magistrado Jorge Hernán Diaz, el nombramiento de la esposa del magistrado Octavio Augusto Tejero y el puesto que le dio al hermano del togado Fernando León Bolaños.
“¿Por qué la Corte Suprema propuso a uno de los descendientes de esa gobernanza para quedarse en la Corte Constitucional ocho años?”: El presidente Gustavo Petro recordó la conexión entre el Cartel de la Toga y el uribismo y reveló cómo estas prácticas judiciales corruptas fueron empleadas para frenar investigaciones importantes, como las de parapolítica. El mandatario criticó la designación de Camargo, ya que sugiere que su designación refleja la continuidad de las prácticas de clientelismo judicial que favorecen la impunidad y la destrucción del Estado social de derecho y reprochó el clientelismo judicial y la influencia de los partidos políticos en el nombramiento de magistrados, en un sistema judicial donde las decisiones dependen más de favores que del mérito real, subrayando las implicaciones del soborno en la justicia, ya sea en forma de dinero o de cargos dados a familiares de magistrados, retando la moralidad.
La desconfianza crece día a día y lo más grave es que recae sobre el sistema judicial que involucra a magistrados y funcionarios discutidos por mal manejo de pruebas, financiación ilícita y otros delitos, lo que genera suspicacia en la administración de justicia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe supervisar estas conductas, mientras la Corte Suprema juzga a los altos funcionarios. Es decir, la tarea es de yo con yo.
El tejido de Corrupción Judicial se fermenta en casos y controversias de Magistrados como Jorge Enrique Ibáñez, y el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué por la desaparición de un expediente que vincula al magistrado con el caso de un hijo negado. Así lo reveló Casa Macondo, que a través de una investigación mostró cómo en el juzgado de Ibagué desapareció el expediente que comprometía al entonces presidente de la Corte. En el 2021 el hijo negado por el magistrado Ibáñez solicitó copia del expediente al juzgado, pero este nunca apareció. El expediente contenía, el fallo, con el cual el juez José Fernando Osorio obligó al hoy magistrado Ibáñez a otorgar paternidad a su hijo. La investigación también mostró que, después de percatarse de la desaparición del expediente, la jueza Paula Andrea Zuluaga Giraldo ordenó la reconstrucción del mismo. Sin embargo, lo hizo sin hacer mención, al magistrado Ibáñez. De acuerdo con la investigación, el hijo de Ibáñez nació en 1982, “La madre del demandante siempre fue manipulada por el demandado para que no lo demandara, dada su condición de hombre público conocido y para evitar igualmente que su hogar se destruyera por encontrarse casado”, concluyó el juez José Fernando Osorio Cifuentes en la sentencia de mayo de 2004. Tras negarse a comparecer a las audiencias, Ibáñez por fin asistió el primero de abril de 2003, fecha en la que se le practicó una prueba de ADN. El examen arrojó una certeza del 99,99 %, lo que hizo imposible que continuara negando a su hijo.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidiendo la Corte Constitucional, convirtió un tecnicismo en un arma de poder. Para hundir la reforma pensional, negar derechos a poblaciones como la tercera edad; lideró el bloque contra la legalización del aborto, frenó el decreto de la ley de financiamiento y se alineó con la extrema derecha al punto que su ideología nunca le permitió reconocer a un hijo que tuvo por fuera de su casorio
La reforma pensional continúa
en el limbo
Revista RAYA informó como la Corte Constitucional tiene en sus manos el futuro de la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República hace más de un año. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presentó una ponencia que propone hundir la Ley 2381 de 2024 argumentando que el trámite legislativo en la Cámara se realizó con irregularidades que vulneraron el principio de deliberación democrática. Un tecnicismo del que se pegó para proponer la sepultura de una reforma clave para la vida de millones de colombianos, que en la realidad tiene como enemigos a los fondos de pensiones y a los sectores más conservadores. La ley fue aprobada por el Congreso en junio de 2024 y sancionada, un mes después, el 16 de julio, por el presidente Gustavo Petro. Pasó más de un año, el Gobierno esperaba que la Corte resolviera pronto su constitucionalidad, pero solo faltando días para que la Ley entrara en vigencia, en julio de 2025, Ibáñez se atravesó en el camino y suspendió su aplicación hasta terminar de analizar un vicio de forma, y a pesar de que la Cámara envió varios documentos que sustentaban la corrección, Ibáñez insistió en que no se había corregido y días más tarde presentó una ponencia a la plenaria para que en definitiva se hunda la Ley justo cuando Colpensiones se preparaba para recibir los aportes de millones de trabajadores que debían salir de los fondos privados.
Según la ponencia de Ibáñez, la Cámara adoptó el texto aprobado por el Senado sin realizar un segundo debate formal ni permitir la presentación de proposiciones por parte de la oposición. Para Ibáñez, ese error es insubsanable y compromete la validez de toda la ley. Con esa interpretación, la Corte en pleno tiene la última palabra y no la tendrá fácil, pues si la aprueba tiene encima a los empresarios y a la derecha que hoy es oposición, y si la hunde tiene encima a millones de adultos mayores y madres comunitarias que están esperando los beneficios de la reforma, propuesta que busca reorganizar el sistema en tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo, con la meta de ampliar la cobertura de protección para la vejez y reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Quienes ganan hasta 2,3 salarios mínimos cotizarían en Colpensiones, y los excedentes irán a los fondos privados. El nuevo esquema incluye un ingreso básico para adultos mayores sin pensión, reducciones en el número de semanas exigidas a las mujeres con hijos y la incorporación de trabajadores informales al sistema.
Jorge Enrique Ibáñez magistrado de la Corte Constitucional, abogado de la Javeriana. En sus años universitarios integró un grupo de estudio llamado “Los Magistrados”, junto a Jaime Granados -abogado de Álvaro Uribe- y Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado constitucional entre 2001 y 2009, se le identifica con la corriente jurídica conservadora. Su carrera está marcada por vínculos académicos y políticos con lo más tradicional de la élite jurídica, el mismo que ocupa siempre los altos tribunales para oponerse a cualquier intento de reforma. Es señalado como un magistrado anti derechos, pues conformó un bloque conservador junto a las magistradas Cristina Pardo y Paola Meneses para oponerse y votar en contra de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Su papel en los debates al interior de la Corte Constitucional, sobre las reformas que el Gobierno ha logrado pasar en el Congreso, han generado controversias. La primera surgió en 2023 cuando Ibáñez era el responsable de estudiar si la ley de Paz Total tenía sustento legal. Ibáñez fue recusado por sus compañeros ya que, como le reveló la Revista RAYA en ese entonces, el documento habría sido filtrado a la prensa a través del despacho del mismo magistrado, lo que puso en riesgo al equilibrio entre las ramas del poder público, dado que los jueces sintieron presiones públicas que afectan la legitimidad de sus decisiones.
