La contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE, llegó a su etapa final en medio de dudas sobre pureza, pluralidad de oferentes y presunta corrupción que, se asegura, ha permitido que un mismo operador maneje el programa durante años y un secretario de Despacho que no era el de educación, rondara el Eje Cafetero. En diciembre se cerró el proceso para elegir a quien manejará más de 100 mil millones en 2026, reservados a garantizar la comida de niños y niñas. Un contrato que, lejos de despejar dudas, levanta críticas por su diseño de eterno monopolio.
El director de La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Sebastián Rivera, fue tajante al advertir que el PAE enfrenta concentración en manos de grandes operadores privados: “Se ha generado una especie de monopolio en los operadores del PAE. Son grandes estructuras que, amparadas en figuras de la Ley 80, terminan marcando la pauta presupuestal y encareciendo el programa, este modelo ha demostrado ser ineficiente para el Estado y perjudicial para los territorios, ya que gran parte de los recursos salen de las regiones, afectando las economías locales y elevando los costos de operación. En el caso del Tolima, el operador de siempre ni siquiera tiene arraigo territorial, factor que ahonda la desconexión con las comunidades educativas”.
Uno de los hallazgos más graves, reposa en una práctica reiterada en procesos licitatorios del PAE y es el simulacro de pluralidad de oferentes. De acuerdo con el señor Rivera, los hechos encajan legalmente en la figura del contubernio: “Se presentan tres propuestas, dos con faltas evidentes, para que gane la que desde el inicio estaba destinada a quedarse con el contrato. Por lo regular, los representantes legales de las aparentes competidoras, resultan ser los mismos, dejando al descubierto un único oferente real. Este mecanismo, ha permitido que los operadores permanezcan más de diez años manejando el programa en regiones como el Tolima” e insiste en que: “El PAE debe democratizarse y vincular comunidades, padres de familia, juntas de acción comunal y asociaciones locales. Colocando de ejemplo departamentos como Huila, Nariño y Cundinamarca, donde el modelo urbano ha demostrado ser más eficaz y transparente. El programa cuesta 5,6 billones de pesos. Si esos recursos se entregaran a los padres y madres para operar el PAE, se fortalecerían economías familiares y locales, circularía el dinero en el territorio y se prestaría el servicio con más calidad” y denunció que en el Tolima parte de los alimentos del PAE salen, específicamente de Pereira, a través de empresas ligadas al mismo grupo familiar del operador, lo que viola la ley de compras públicas locales que exige adquirir al menos el 30 por ciento de los productos en el territorio.
Rivera también hizo un llamado directo a la Gobernación para cumplir la ley que regula el PAE indígena que establece que, en instituciones con matrícula con mayoría indígena, el programa debe ser operado por las propias comunidades. Según denunció, esta norma no se está cumpliendo y el PAE indígena continúa en manos de la misma cuestionada fundación. “la norma si se cumple en La Guajira, Chocó y Cauca. Aquí falta voluntad política”.
El anuncio más notable hecho por Rivera tiene que ver con el Decreto 998 de 2025, firmado por el presidente de la República y que entró en vigencia el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, el Programa de Alimentación Escolar PAE, tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre los recursos. “Vamos a hacer un acompañamiento mucho más robusto para garantizar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar: a la alimentación de los niños” y explicó, aunque no tienen facultades para sancionar se trabaja en un ajuste normativo para poder intervenir entidades territoriales con sobrecostos, baja calidad o hechos de corrupción.
Rivera confirmó que la gobernadora Adriana Matiz se comprometió a no volver a tocar los recursos del PAE, a trabajar con comunidades indígenas y a abrir el programa a juntas de acción comunal. “Vamos a ver si esas palabras se cumplen”, dijo, dejando claro que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar hará seguimiento. Cualquier ciudadano que tenga quejas sobre la operación del PAE puede escribir al correo atencion@uapa_pae.gov.co. Objetivo, establecer quién se queda con el contrato y el proceso, para que el programa en el Tolima deje de ser un negocio de unos pocos y avance hacia un modelo transparente, equitativo y enfocado en el bienestar de la niñez.
En septiembre de 2025 por presuntas anomalías afines con la suspensión del Programa, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios, por establecer, de la Gobernación. El ente evalúa denuncias que hablan de malas prácticas administrativas, altos costos por ración, disminución de aportes propios y deficiencias en la planeación que habrían afectado la continuidad y cobertura del programa que en esa vigencia beneficiaba a cerca de 77.000 estudiantes. La pesquisa ordenó recopilar información sobre ejecución, financiación y responsables del PAE entre 2022 y 2025. La práctica de pruebas decretada por la Procuraduría está orientada a esclarecer la inversión de los recursos públicos reservados a la nutrición escolar. Cinco meses después esperamos los resultados de la investigación.
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