Si alguien necesita un diagnóstico sobre la mala salud de nuestra democracia, que atienda un primer síntoma: en agosto de 2025, a diez meses de la primera ronda a las presidenciales, se conocían poco más de cien aspirantes al cargo. Noventa de ellos sin ninguna opción de ser elegidos. Una cantidad tan absurda de aspirantes es un irrespeto a la razón; pero es la imagen diagnóstica del fenomenal desorden funcional de nuestra democracia representativa: la única que de verdad despierta entusiasmo entre los ciudadanos, y que define las democracias liberales.
Es verdad que a muchos los eliminó la falta de credibilidad, de visibilidad pública, o de financiación, y que los mecanismos políticos achicaron el brote contagioso de “ofertas” presidenciales, sin ocuparse de las causas del brote irresponsable. Pues es irresponsable que en un país con 34 partidos y movimientos con personería jurídica vigente, haya el triple de personas creyéndose capacitadas para gobernarlo. Los más de esos nombres apenas se representaban a sí mismos, así hubiesen sido gobernadores, alcaldes o ministros; a otros su reconocimiento alcanzaba para la presidencia del club rotario de su ciudad, y algunos hubiesen fracasado intentando un escaño en el concejo de un municipio de tercera categoría.
En esa explosión de postulaciones fuera de las organizaciones políticas veo una atrofia de la democracia, un abuso de postulación política, una epidemia de “pluralismo democrático” que hace daño. Porque, cuando cualquier individuo ejerce a su antojo el derecho de postulación socaba la legitimidad de los partidos y movimientos políticos que agencian el sistema democrático liberal; y usurpa el principio de representación delegada que incorpora el derecho constitucional de elegir y ser elegido.
Finalmente llegaron catorce candidatos al tarjetón del 31 de mayo. Cuatro provienen de un proceso de selección interno en sus partidos o de consultas interpartidistas; uno justificado por el alto favoritismo de las encuestas; y el resto figura por su propia decisión.
Pero es en la disputa por el control del congreso donde florecen las candidaturas respaldadas en movimientos temporales fundados por los candidatos, o respaldados por un aval promiscuo. Pues existe toda clase de organizaciones étnicas, comunales, sociales, identitarias, religiosas o políticas que entregan avales a quien lo busque y “al mejor precio”, sin importar de dónde venga ni a dónde vaya el sujeto. Es el ardid de moda.
Porque, hay que decirlo: la causa del caos político actual tiene su etiología en el orden jurídico nacional, que autoriza a los grupos significativos de ciudadanos y a las organizaciones sociales a presentar candidatos sin tomar las previsiones que evitaran la maleza electoral que presenciamos. Su enmienda es tarea de la ley, con medidas como: impedir la recolección de firmas a quienes fueron candidatos por partidos o movimientos políticos, sus dignatarios, o desempeñaron en su nombre cargos públicos de responsabilidad superior; prohibir a los ciudadanos apoyar con su firma varios candidatos para una misma circunscripción electoral, o nominación; anular los avales de candidatos que no formen parte de la organización que los entregue, con una antelación no menor a un año.
Quizás se detenga el negocio en que devino la recolección de firmas, y la entrega de avales a candidatos extraños a la formación que los otorga.
Es una tendencia que sólo las listas cerradas pueden revertir, alentando el respaldo al proyecto de la marca política, en lugar de votar por el prestigio o el dinero de un candidato, lo que ocurre en las listas abiertas o con voto preferencial. Cuando el dinero privado – así sea legal – decide quién representará al pueblo en las urnas, da ventaja a través del marketing y prolonga el dominio que ha ejercido, sin mencionar la compra de dirigentes locales y de votos. El uribismo y sus socios se oponen a la financiación total de las campañas con dineros públicos que daría igualdad inicial a los candidatos, pues odian la igualdad en todas las formas.
Las aventuras electorales individuales (rezago de la intromisión mafiosa desde los años 90), son una aberración del “propósito común” que debe inspirar la política, dado que la transformaron en el “proyecto de vida” de algunos individuos o clanes que se apropiaron del privilegio de representación en su provecho, al punto que lo trasmiten por herencia en las urnas. Y corresponde a los partidos mientras se reforman en la constitución y en las leyes, reversar esa tendencia de apropiación. De momento es lo revolucionario, porque cuestiona con eficacia el poder del dinero en la política.
Para mejorar la calidad de la participación, es indispensable fortalecer los partidos y movimientos políticos, como exigir responsabilidades máximas a los grupos significativos de ciudadanos y a las organizaciones sociales a la hora de postular. Y para crear condiciones que contribuyan a “limpiar” la política, conviene rechazar la idea demagoga de que las auto postulaciones desarrollan el principio de “pluralidad democrática” predicado en la Constitución de 1991. Es una endemia, un canto al individualismo y al dinero, una aberración de la representación delegada que debemos enmendar.
Sin embargo, hallándose tan arraigada esa idea, podría suceder que alguien solicitara amparo de tutela a su derecho de hacer su propia lista, o escoger su lugar en la de su partido, invocando tal principio, y el “derecho al desarrollo de la personalidad”. Darle la razón sería un gran error, pues la política hay que tomársela en serio, porque en ella nos va el bienestar y la paz de todos.
