Se trata de reactivar explotación en Cajamarca
La sola intención de la gobernadora de revisar el acuerdo. da pie para que cualquier ciudadano lo demande ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
El Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime y el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA denunciaron que la gobernadora, Adriana Magali Matiz, el pasado 10 de abril le informó al alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, sobre su intención de revisar la legalidad del acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, mediante el cual se declaran 33 predios de AngloGold Ashanti como de utilidad pública e interés social.
Estos predios serían destinados exclusivamente a la conservación ambiental y al desarrollo de actividades agropecuarias.
Según las organizaciones, “esta revisión podría llevar a que el acuerdo sea enviado al Tribunal Administrativo del Tolima”, lo que ha generado temores de que se revierta una conquista en defensa del territorio frente a la minería multinacional. En ese sentido, le exigen a la gobernadora respetar las decisiones de los habitantes de Cajamarca y Anaime, y solicitan que el acuerdo no sea sometido a revisión judicial. Además: Ambientalistas exigen presencia de Cortolima en mesa de conflictividad socioambiental
Aseguran que la declaratoria busca proteger el territorio, el agua y la vida, y que es el resultado de un proceso de participación democrática y legítima de la comunidad que mantiene su posición de la Consulta Popular sobre la negativa de minería en su territorio. Para el Comité, esta decisión equivale a “ponerse del lado de la multinacional minera”, y sostienen que el papel de la gobernadora es garantizar la participación ciudadana como un derecho democrático y propender por un ambiente sano en el departamento.
Dos días más tarde, la Gobernación anunció que el Acuerdo 005 de Cajamarca ya no tiene marcha atrás. Después de revisarlo jurídicamente, se confirmó que el documento es legal porque no recibió ninguna queja ni freno por parte de los jueces en el tiempo establecido. Esto significa que las reglas que interpuso el Concejo Municipal de Cajamarca el pasado 28 de febrero de 2026 están vigentes y deben cumplirse.
Matiz aclaró su postura sobre la minería y dijo: “cuando se hace de forma legal y cuidando el ambiente, ayuda a crear empleos y trae dinero para la región”. Sin embargo, fue muy dura con la minería ilegal, a la que llamó “destructiva”, asegurando que esta práctica solo daña los ríos y acaba con la naturaleza. Por eso, defendió que se pongan reglas claras para evitar daños ambientales. La gobernadora explicó que era necesario que las autoridades dieran una última palabra sobre este tema para que no hubiera más dudas. Según Matiz, el caso de Cajamarca y la extracción de oro es tan importante que merecía un “cierre legal” para que todos sepan a qué atenerse y se garantice la paz y la seguridad jurídica en la zona.
