El representante del Pacto Histórico, Marco Hincapié, reveló que el recorte presupuestal impacta rubros clave como transporte, educación, vivienda, agricultura, cultura, deporte y comercio y además que no se destinarán partidas para agua potable, saneamiento básico, vías terciarias ni atención de zonas afectadas por emergencias climáticas.
El área de minas y energía sentirá la disminución más drástica, con una contracción del 60,27 %, similar a $141.341 millones menos para la infraestructura y dinamización energética de la región. Esta medida resulta crítica dado que el Tolima enfrenta severa crisis ambiental por incendios forestales que ya han devastado más de 50.000 hectáreas.
Las críticas no vinieron solo de la oposición. En las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, el representante del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio, calificó el ajuste como un castigo desmedido para la región y advirtió que, exceptuando a San Andrés, Tolima es la entidad territorial más perjudicada del país. Cuestionó la decisión gubernamental al recordar los problemas actuales del departamento en de seguridad, minería ilegal y desastre ambiental e instó al Ministerio de Hacienda a reconsiderar los montos antes de la aprobación final del presupuesto.
Tolimense al CNE
Con acusaciones por despilfarros en contratos
* El magistrado Parra está investigado por el manejo de contratos que suman más de 580 mil millones de pesos
El doctor Jose Antonio Parra es egresado
de Unigraria y hace parte del organismo de regular e inspecionar, vigilary controlar la actividad electoral en Colombia. durante el periorido 2026 – 2030
Luego de la desastrosa participación del ibaguereño Benjamín Ortiz, quien acompañó todas las amañadas decisiones del entonces presidente de la entidad Álvaro Hernán Prada, el tolimense José Antonio Parra, asumió como magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien antes estuvo en la estructuración y supervisión de contratos del CNE por $583.000 millones, cuestionados por posibles sobrecostos e irregularidades. El abogado Parra, oriundo de Cunday fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030, con respaldo de la coalición de Gobierno y aval de Salvación Nacional, partido que respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Según investigación de la La Silla Vacía, el Mininterior Rodrigo Lara sostuvo durante horas reuniones con congresistas de la coalición de Gobierno y logró que Parra ocupara un lugar con posibilidades de resultar elegido. El respaldo a Parra además estaría conexo con el exmagistrado del CNE Alfonso Campo, quien fue presidente de ese organismo y amigo cercano de Parra y magistrado ponente de la decisión mediante la cual el CNE otorgó personería jurídica a Defensores de la Patria, partido de De la Espriella, decisión que generó controversias y luego demanda ante el Consejo de Estado.
Parra intentó llegar al CNE en 2022, como candidato por el Partido Conservador, pero no lo logró. En esa ocasión, la magistratura fue para Alfonso Campo, en 2024 y durante la presidencia de Campo en el organismo electoral, Parra fue nombrado director de Vigilancia e Inspección Electoral, cargo que ocupó hasta su postulación como magistrado. Desde esa posición, Parra participó en la estructuración y supervisión de 5 contratos para testigos electorales que sumaron 583.000 millones para las elecciones de 2026, contratos objeto de investigación de la Contraloría y la Procuraduría por posibles irregularidades y sobrecostos.
De acuerdo con La Silla Vacía, una revisión de los contratos encontró diferencia de los precios pagados y los valores estimados de mercado sin que exista justificación documental. Entre los gastos cuestionados están las cartillas impresas, herramientas web, servicios de ciberseguridad y capacitaciones. La investigación calcula que solo estos componentes representan alrededor de $260.000 millones. Parra no solo fue afín con la estructuración de los contratos, también fue su supervisor, por lo que entre sus oficios estaba revisar informes del contratista y dar el visto bueno para la cancelación de pagos. Su última actuación en el cargo fue aprobar el informe final del contrato correspondiente a la segunda vuelta presidencial. La factura asociada, por $72.000 millones, todavía no había sido desembolsada, según la investigación. Pese a los controversias que ya existían sobre estos contratos, Parra fue elegido por el Congreso el 21 de agosto de 2026 y asumió oficialmente el cargo el lunes 1 de septiembre.
“El respaldo al magistrado Parra estaria conexo con el magistrado del CNE Alfonso Campos quien como presidente de ese organismo otorgó la personería a Defensores de la Patria”
