Reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente no es un capricho ni un embeleco del Presidente Petro para reelegirse, como pretenden hacerle creer al país sus opositores y aún quienes sin serlo son enemigos de la reelección o juzgan innecesaria su convocatoria existiendo un Congreso para proponerla.
En ese orden, la verdad es que quienes le temen a una Constituyente son los mismos que no aceptan el cambio y con él la transformación de un país que desde siempre, duele decirlo, ha estado sumido en la desigualdad en medio de la guerra y la violencia y, hoy peor que nunca, envuelto en la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo y la impunidad.
Es ingenuo pensar que el Congreso pueda ser el organismo apropiado para impulsar y aprobar las reformas sustanciales que requiere la Constitución, por su conformación política, no propicia para el actual gobierno, como ya quedó demostrado con la Reforma a la Salud, donde bastó tan solo el voto de 9 de sus enemigos para ser desechado y hundido, no obstante contar con el respaldo de un gran número de parlamentarios.
Siendo el vivir en armonía un requisito necesario para el progreso y el desarrollo de un país, es por ello que el Presidente Petro se propone la búsqueda de una Paz Total, no tanto mediante el diálogo sino, a la par de éste, desarrollando su programa de CAMBIO, porque sólo así es posible derrotar la inconformidad como causa principal de la violencia. lo que implica necesarias reformas de carácter constitucional.
Además el Acuerdo de Paz firmado con las FARC por el Expresidente Santos, contiene una Declaración unilateral de Estado suscrita por éste y que es un compromiso adquirido por el Gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, no se ha cumplido a cabalidad pues contiene aspectos como el de la transformación territorial, la verdad judicial y el tema agrario, que por su importancia y complejidad requieren estar sustentados bajo el amparo de normas constitucionales.
Conforme a lo anterior con lo declarado unilateralmente por Santos éste adquirió con la guerrilla una obligación para ser cumplida, no tanto durante su gobierno sino por los futuros gobernantes de nuestro país, lo que ahora el orondo expresidente pretende desconocer, como si el premio Nobel de la Paz que le fue otorgado fuera para hacer ostentación de ese galardón y nó para contribuir o al menos ser solidario con los nobles objetivos que conlleva.
Es entonces la reforma un imperativo que hay que cumplir, no solo como implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, sino como un compromiso para resarcir a las víctimas del conflicto armado, al igual que ocurrió cuando éste se firmó con el M19 y que dio lugar al cambio y derogación de la Carta de 1.886.
Es por ello inaplazable ponerla a tono con lo que no se ha cumplido, introduciéndole a la vez modificaciones que desde su expedición se hacen hoy indispensables y que son, entre otras, las que brevemente, a mi juicio, me voy a referir a continuación:
– Conviene ponerle freno a la proliferación de los partidos políticos mediante rigurosas exigencias para su conformación y aceptación;
– La financiación de la política con dineros de empresas o de particulares se ha convertido en un factor de corrupción que de paso no mide las calidades morales y personales de quienes resultan elegidos o del partido al cual pertenecen, sino que además los condiciona a favor de su benefactor en las decisiones que deban tomar en el futuro.
En tal virtud. es el Estado quien deberá señalar y aportar una suma de dinero igual para cada candidato o para cada partido tratándose de elecciones a corporaciones públicas, lo que obligaría y, es ello lo más conveniente, a establecer de nuevo el sistema de listas y de elección por cociente, ello iría acompañado de drásticas sanciones a quienes violen el tope de inversión, que se limita al aporte estatal, lo mismo que por la compra de votos al elector.
– Se debe restablecer el derecho a la igualdad a quienes se pensionaron con posterioridad al Acto Legislativo 1 de 2005 que suprimió la mesada 14, que recientemente se logró a militares en retiro de las Fuerzas Armadas y al personal civil al servicio de esas dependencias.
– Como un complemento necesario a la reforma a la Justicia, es conveniente devolverle a la Procuraduría, la facultad de Vigilancia Judicial, hoy adscrita al Consejo Superior de la Judicatura que no ha sabido cumplir y que valga reconocerlo, era antes una herramienta eficaz contra la corrupción en los despachos judiciales por las frecuentes visitas que a éstos se realizaba con el fin de medir su rendimiento, aparte del traslado a sus funcionarios de las sentencias que aquellos proferían que permitían comprobar su imparcialidad;
– Así mismo se deben revisar a fondo las causas de impunidad de los delitos, entre ellas el vencimiento de términos que con frecuencia da lugar a la libertad del sindicado o a la preclusión del proceso por exceso de garantías, igualmente la limitación que tienen los fiscales dentro del sistema acusatorio, lo mismo que los miembros de Policía cuando sorprenden in fraganti al delincuente, que no pueden hacer efectiva una captura, hasta tanto no sea legalizada por el Juez de Control de Garantías, bajo el pretexto de protegerle los derechos humanos al capturado, trámite que por su demora suele dar lugar a su libertad;
– Aparte de otros aspectos más, que resulta largo mencionar, la reforma a fondo del Congreso es una necesidad, que reclama la mayoría del país, pues no se concibe el número de sus integrantes que debe reducirse, como también muchos de los exagerados privilegios de que gozan, como es el de no trabajar en el año la misma jornada de los demás funcionarios oficiales y si disfrutar de cuantiosos sueldos y de prestaciones sociales completas.
Consecuente con lo anterior, si en el pueblo reside el poder constituyente, él es el llamado a cumplir, en el día y en el momento indicado, con tan inaplazable necesidad..
