Se tiene en vilo a miles de usuarios de las EPS que dependen de Colsubsidio para el abastecimiento de medicamentos. La entidad se gastó la plata, al menos en Ibagué, en la construcción de una sede que nunca terminó en la carrera 5ª. con calle 42. Sí, allí están sepultados parte de los recursos que por miles y miles de millones de pesos, el Estado les entregó para la adquisición y el suministro de los medicamentos recetados a los pacientes en las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, como la Nueva EPS que, según Colsubsidio, no le paga y por ello tiene a los pacientes sometidos a turnos inhumanos, crueles, de tres y cuatro horas para decirles que no hay nada. Y los despachan con un papelito que no sirve absolutamente para nada porque caduca a los treinta días y el paciente nunca recibe los remedios. Lo curioso es que en los dispensarios no hay medicamentos pero estos, si se pueden adquirir en las droguerías de la entidad que operan en diversos sectores de la ciudad.
En los centros de atención que conforman la red hospitalaria del Departamento el enorme gasto de los recursos no se compadece si hace un análisis de la atención que requieren los tolimenses y las enormes sumas que se birlaron diversos contratistas. Una de las piezas de lo que se ha denominado Cartel de la Salud del Tolima se derrumba. El perverso modus operandi se legalizó con personas de recursos modestas, sin uso empresarial notable, que se volvieron millonarios contratistas del Estado durante la administración de Ricardo Orozco, ejemplo, Familia Serna Ramírez (Girardot), con más de 40.000 millones en contratos en el sector; familia Pulido Peña (Líbano), con más de 32.000 millones; Juan Carlos Herrán y Leidy Johana Rodríguez (Ibagué), con contratos que suman 237.000 millones. Se trata de Unitrauma IPS, empresa sin trayectoria previa, pero que durante la administración Orozco, obtuvo un contrato muy ventajoso para operar dentro del Hospital Federico Lleras Acosta, sede El Limonar. Hoy, ese contrato y la empresa están en cuidados intensivos y el hospital no tiene con que pagar sus empleados. ¿En dónde está esa enorme millonada?
En este ‘negocio’ los más afectados, son cerca de 40 profesionales de la salud que trabajaron para Unitrauma a los que hoy nadie les responde por sus honorarios. Las víctimas de este incumplimiento son ortopedistas, cirujanos, anestesiólogos y radiólogos que prestaron sus servicios a Unitrauma y no recibieron compensación alguna.
Y para completar el cuadro, en Ibagué piden intervención de la USI por pérdidas que superarían los 7.000 millones. La crisis financiera que enfrenta la entidad, el mal servicio en los puestos de atención y la contratación de personal para pagar favores políticos, llevaron a que el concejal Jorge Bolívar, en un debate de control político al gerente de la USI, Jorge Cabrera, sostuviera que la entidad enfrenta una crisis tan grave, que resulta inminente su cierre, su quiebra, por lo que solicitó la intervención de la Superintendencia de Salud. El desastre de la USI comenzó en el gobierno de Hurtado, y las finanzas de la entidad se han mantenido en saldos rojos en el gobierno de la alcaldesa Johana Aranda.
La USI, cada año reporta pérdidas. Aunque Hurtado recibió de su antecesor Guillermo Alfonso Jaramillo saneada la entidad con utilidades cercanas a los $3.000 millones en el 2019, la entidad ‘ se fue a pique’ . Los números evidencian que, contrario a las ganancias que dejó Jaramillo, las cuales Hurtado solo pudo sostener en el 2020 por un valor de $469 millones, las finanzas se desplomaron. En el 2021 hubo pérdidas por $1.189.796.240, en 2022 por $3.321.945.869 y en 2023 por $1.411.501.793. Lo mismo siguió en la administración de Aranda que, en su primer año, 2024, tuvo pérdidas por $1.851.643.269. ” En la administración de Jaramillo la USI dio utilidad. Los puestos de salud estaban abiertos, tanto en zona rural como urbano con suficiente personal. Pero con este gobierno y el anterior, las pérdidas acumuladas son de $7.774.887.171 “.
El concejal Bolívar sostuvo que el personal contratado, esencialmente por Órdenes de Prestación de Servicios, consumía más del 70% del presupuesto de la USI. “Es la bolsa de empleo de corbatas más grande de Ibagué. Entre planta permanente, planta temporal y contratos de prestación de servicio, tiene más de 1,300 personas. Lo que no tiene ni un hospital de cuarto nivel. La plata entra, pero se gasta en personal para pagar favores políticos, y muchos ni siquiera van a prestar sus servicios en la USI “. Las cifras mostradas indican que, de los más de $70.000 millones que tuvo la entidad como presupuesto en el 2024, $59.727 millones los gastaron en la planta de personal, mientras la entidad atraviesa una crisis en la calidad de los servicios que presta en sus puestos de salud rurales y urbanos. De los 19 puestos de salud urbanos, sólo 8 permanecen abiertos, algunos solo de manera temporal o parcial. Entre los 11 puestos de salud cerrados, figuran los de los barrios Gaitán, Kennedy, Jordán 2ª etapa, Uribe Uribe, Arado, entre otros. Y como si fuera poco: ” No hay suministro de medicamentos para que el personal médico entregue a los pacientes, la USI carece de laboratorios, equipos de rayos X, ambulancias y quirófanos. “Tienen una sola ambulancia por turno para una ciudad de 600.000 habitantes y dos quirófanos, pero no funcionan.
Al final, Bolívar se sorprendió por el mensaje que le envió a Giovanni Rubiano García, superintendente de Salud, a quien le pidió intervención formal en la USI antes que sea tarde. Se trata de una medida especial con la cual la Superintendencia asume el control administrativo y financiero, lo que dejaría a la alcaldesa y a su gerente sin el control de la entidad que rige el sistema de salud pública en la ciudad. “La plata se la gastan en burocracia, cada año pierden más de $1.500 millones. Han recibido más de $50.000 millones del Municipio y se los han gastado en personal y más de $8.000 millones del Gobierno nacional pagando favores politiqueros”.
El anterior es el trágico cuadro de la salud en Ibagué y en el Tolima..
