El tiempo corre, se suceden los gobiernos locales, regionales y nacionales y la eficacia y calidad de la contratación pública continúa sumida en la mediocridad y adobada por el saqueo, en donde la ineptitud se confunde con la corrupción, en una combinación letal, que contribuye a un extendido sentimiento de desapego, por parte del ciudadano, y a un deterioro incontenible de los servicios públicos, el entorno y el aspecto de los municipios, sobre todo, de la capital del Tolima.
Las excepciones son pocas y contrastan con el triste escenario que se ha generalizado.
Para agravar lo comentado se observa un inaceptable contubernio de los organismos de control, por lo que las administraciones pierden el pudor y admiten que los saqueadores actúen sin el menor sonrojo y, más aún, lo hagan abiertamente, pues conocedores de su impunidad, hacen despliegue público de súbitas riquezas mal habidas, que favorecen a su núcleo familiar y a un, cada día más extenso grupo de validos, que les permiten ampliar sus aspiraciones políticas y las posibilidades de perpetuarse en las entidades públicas, donde se originan los recursos, los contratos y las malversaciones.
Consolidado este estado de cosas, en el que nada importa si las ejecutorias se rigen con las especificaciones de los contratos, los plazos de los mismos, la calidad de los elementos empleados y la idoneidad de quienes tienen a su cargo esas obligaciones, se produce el incomprensible efecto de contratar con los mismos bandidos, o hacer la vista gorda, para que los transgresores conformen nuevas sociedades y uniones que permitan la expansión del latrocinio.
No basta con lo anterior, ya que para agravar el desastre se añade la inconcebible circunstancia de que muchos de los contratados padecen carencias estéticas o limitaciones sensoriales, pues no de otra manera diferente al daltonismo se explica la combinación de colores que se observa en la plaza de mercado de la calle 28 o las bancas y las bardas de la Avenida Guabinal con calle 19, o al hecho de que las criminales afectaciones, que se realizan a plena vista en la Martinica, los montes de Calambeo o a lo largo del Cañón del Combeima se hagan sin control alguno debido a las limitaciones visuales de quienes tienen que velar por su conservación. El asunto alcanza cotas superlativas al punto de que quienes se señalaban como prototipo nacional de las malversaciones, en épocas de la hegemonía del narcolegislador, sean vistos, ahora, como simples raponeros, al lado de los pillos de hoy.
