JORGE ALBERTO GUZMÁN A
Las alianzas de los grandes empresarios con una gran mayoría de Congresistas que hundieron, entre otras, en dos ocasiones la Reforma a la Salud, al igual que la Ley de Financiamiento que es una herramienta necesaria en la ejecución presupuestal y, que habría de causar como lo tenían previsto los opositores del Gobierno del Cambio, una Emergencia Económica, son una demostración clara y fehaciente de la forma como el dinero aportado a sus campañas políticas les corrompe la conciencia y su único argumento válido no es otro distinto que el de oponerse a quien los ha vencido en las urnas, sin reparar la urgencia y la bondad de aquello que rechazan, utilizando asimismo el engaño y la mentira a través de los medios de difusión de propiedad de sus benefactores.
Sin duda alguna lo anterior nos enseña, cómo la influencia del dinero en la política es una de las grandes causas de su corrupción, aparte además de que con ello se facilita el lavado del dinero sucio proveniente del narcotráfico y, que de igual manera con especial maestría, manejan y se aprovechan de ello algunos partidos o movimientos políticos.
Lo grave de lo anterior, es que no obstante habiendo actuado el Estado conforme a la Ley y a la Constitución, ha contribuido sin proponérselo a que ocurra lo anteriormente mencionado, pues es ingenuo pensar que con el señalamiento de topes de dinero en las campañas y la reposición del voto, se pueda ejercer un suficiente control.
De ahí, que es una prioridad de acuerdo a lo expresado, buscar en el futuro, con un Gobierno de mayorías que no esté como ahora, asediado por una renuente y torpe oposición, un remedio o solución que excluya de manera definitiva el aporte de dinero del sector privado, en especial de empresarios o capitalistas a los partidos y a sus candidatos en campañas políticas de distinto orden, llámense nacional, departamental o municipal con drásticas sanciones a quienes violen tal prohibición.
A mi juicio, debe también a la par de lo anterior, suprimirse la reposición del voto que al Estado le cuesta una ingente suma de dinero, de un lado, especialmente tratándose de la Consulta de Candidatos a la Presidencia, que no debería existir dentro del sistema electoral pues es un asunto que deben definir los partidos a los cuales pertenecen como se hacía en una época mediante las llamadas convenciones, ya que además se presta para que varios de éstos, a sabiendas de que no tienen ninguna opción someten su nombre con la sola intención de recibir un pago para su provecho y beneficio. Prueba de ello es que la consulta del pasado 8 de marzo le costó al país una suma que sobrepasa los 58 mil millones y medio ($ 58.565.888) ya que por cada voto válido debe pagar $8.287oo. A tal punto se llega que de los 13 candidatos que se presentaron solo a dos (2) se les debe pagar menos de mil millones, a uno $954.541.500 y al otro $623.927.600. De otro lado, el valor de reposición para los Congresistas que es de $8.433oo por voto válido habrá de superar en forma exorbitante la de la consulta.
Ante semejante panorama, altamente costoso, que no se compadece con las innumerables necesidades en medio de la penosa desigualdad social que afronta el país, víctima de anteriores gobiernos y, que solo hasta ahora ha recibido el alivio de un gobernante de izquierda, se impone la imperiosa obligación de una Reforma a fondo de la Constitución, bien a través del próximo Congreso o de una Asamblea Nacional Constituyente, donde me permito sugerir se incluya, aparte de abolir la reposición del voto un sistema donde el Estado financie, a través de un Banco o Entidad Financiera, un fondo de dinero que le permita cubrir una suma igual a cada partido o movimiento para escoger su candidato o candidatos, estableciendo condiciones y requisitos de idoneidad a cada uno de ellos. El dinero de dicho Fondo solo podrá ser destinado para el pago de la publicidad en los distintos medios e igualmente para asumir el costo de la movilidad del candidato y sus acompañantes,.
Además, debe también suprimirse durante la elección de Congresistas la Consulta previa de Candidatos a la Presidencia, por las razones ya expresadas y, a la vez, prohibirse de manera terminante el aporte e intromisión del dinero de empresas o particulares a favor de candidatos, estableciendo drásticas sanciones a quienes se les compruebe el recibo de tal beneficio con fines electorales.
Como el escrutinio de la pasada elección del 8 de marzo ha demostrado inconsistencias y fraudes suficientes en el conteo y reconteo de votos, como lo advirtió el Presidente Gustavo Petro, contrario a la bondad que defendieron el señor Registrador Nacional y algunos de sus áulicos, se impone como solución imprescindible establecer un sistema electoral, más eficaz y transparente, sin posibilidades de fraude y por tanto más confiable, tanto para el elector como para los partidos y candidatos en contienda.
Lástima grande que ante la inminencia del próximo debate electoral por la Presidencia no podamos contar con el sistema al que me he referido.
Frente a la duda de posibles fraudes orquestadas por una oposición corrupta y desesperada, no nos queda cosa distinta que contribuir con optimismo de nuevo al CAMBIO como un anhelo inaplazable de una gran mayoría de colombianos.
