El desbarajuste institucional no lo ha creado el gobierno de Gustavo Petro. Lo ha generado anteriores gobiernos, que han consentido que la corrupción se encumbrara en la totalidad de las entidades gubernamentales, pero principalmente en el sistema de justicia, que ha sido sujetado por organizaciones delictivas del más alto nivel, a través de colectividades políticas que a su vez han sido fortalecidas por componendas, pactos, confabulaciones, alianzas e intrigas de quienes han detentado el poder económico, y si no hay justicia, tampoco puede haber imparcialidad, equidad, equilibrio, legalidad y rectitud.
Hace unas semanas decíamos como los “Honorables Magistrados” ganan más que el Presidente de la República y no cumplen con sus funciones y, en efecto, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional gana mensualmente 63 millones 924 mil 444 pesos libres, y su tarea es la más lenta, lánguida, parsimoniosa, pausada y torpe de todas las que se realizan en Colombia, como quedó demostrado con la elección de Fiscal General de la Nación, tarea en la que los 23 “sabios” de la Corte Suprema, se gastaron más de siete meses estudiando 3 hojas de vida, en un acto repudiable porque se dedicaron exclusivamente a golpear a los que consideran los enemigos ideológicos de sus nominadores. Esos 23 magistrados le cuestan al erario la no despreciable suma de 4 mil 272 millones 786 mil 636 pesos mensuales y, a nuestro amable lector, le dejamos la tarea que la multiplique por 12 meses para que vea que dicha suma es un crimen que obnubila la razón
Los fallos de esas “Altas Cortes” son eternos, pese a que, además de sus gigantescos sueldos, poseen un aparato burocrático inmenso, en el que aparecen recomendados por los que integran los entes que los eligen y políticos que los respaldan como son directores, asesores, auxiliares, secretarios ejecutivos, con salarios envidiables, aparte de escoltas, conductores, vehículos de alta gama, viáticos y otras prebendas ilícitas como las descubiertas con la puesta al descubierto del famoso “cartel de la toga”, aún sin desmantelarse. Como ejemplo: un auxiliar de servicios generales posee un salario de $4´243.167 Los “Honorables Magistrados” ganan más que el Presidente de la República que tiene unos emolumentos que llegan a los $43´825.190 mensuales entre salario básico y gastos de representación, y más que un colombiano de a pie que solo puede aspirar a un salario mínimo de 1´300.000 mensual. ¿Y cuáles son los resultados?: una justicia descuadernada, cuestionada, descompuesta y carente de autoridad moral.
Hay justicia selectiva, los que violan la ley, si son de cuello blanco, siguen incólumes, campantes, contentos. Se persigue a los pobres, a los desprovistos de fortuna, a los opuestos ideológicamente a sus patrocinadores, es decir, a los que no comulgan con las ideas de quienes los nombraron, conformándose así, desde tiempo atrás, una rosca de privilegiados que se autoprotegen, con grave menoscabo de la credibilidad del aparato, judicial y sus componentes. Pruebas al canto: “el Doctor Cianuro” Néstor Humberto Martínez con la muerte de los Pizano, El “Ñoño” Elias, uno de los políticos más corruptos, condenado a 14 años de cárcel, salió de prisión sin cumplir la condena, lo mismo ocurrió con Eduardo Pulgar, los Char y el exgeneral Zapateiro, ,quien luego de su sentida voz de pésame a la familia del criminal “Popeye” resultó involucrado en acciones criminales con “Matamba” y el Clan del Golfo y, nadie dice nada. El exfiscal Barbosa, convirtió la Entidad en defensora de los transgresores de la ley y adujo en forma descarada que su misión era defender la institucionalidad, Luigi Echeverry al frente de Ecopetrol no se dio cuenta del robo de petróleo por más de 80 millones de dólares efectuado entre “empresarios de bien” y ELN y todo quedó en silencio, Karen Abudinen y los 30 mil millones “donados” por el Ejército Nacional a la Revista Semana, en el olvido total, Senadores y Representantes con todo tipo de fechorías y no hay sanciones. Nos haríamos interminables en la enumeración de procesos de casos en donde los robos de recursos del Estado por sumas superiores a los 70 mil millones, que en este momento se encuentran engavetados .
En el caso del Tolima, organismos de control, dirigentes políticos, inclusive de la denominada “oposición” en contubernio con una prensa comprada, le lavan la cara a gobernantes, que dilapidaron miles de millones en obras que no se ven y contratos leoninos que solo benefician su futuro, como lo sucedido con el Coliseo del parque deportivo, el viaducto de la 60, el Sistema Integrado de Transporte Publico, las piscinas olímpicas, el acueducto Complementario, miles de millones en arrendamientos y el descarado turismo internacional.
Ese rearme moral debe empezar rechazando a quienes han sido cómplices de tamaños desafueros pero, ¿cómo lograrlo si esas mismas élites corruptas manejan el Congreso que se opone a todo tipo de reformas como la de la Educación, la Laboral y la de las Pensiones, si se opusieron a la de la Salud, que beneficiaba a todos los colombianos, como no se han de oponer a la de la Justicia que los metería en cintura para siempre?
