La Fiscalía General es un organismo creado en Colombia en la Constitución de 1.991 con la exclusiva finalidad de servir de auxiliar a la justicia penal en lo referente a la investigación de los delitos bajo el método del Sistema Penal Acusatorio, que en varios aspectos difiere de la forma como se venían instruyendo los procesos por los Jueces de Instrucción Criminal, designados por los Tribunales Superiores de los respectivos Distritos, y cuyo accionar a nivel nacional era coordinado por un Director Nacional y en los distintos territorios por Directores Seccionales, pero todo bajo la élite de un Consejo Nacional conformado por el Ministro de Justicia, el Presidente de la Sala Penal de la Corte y el Procurador General de la Nación.
En ese orden, el propósito del constituyente no fue otro distinto que el de crear una entidad estrictamente judicial, perteneciente a esa rama, para que actuara en el campo penal a la par de las Cortes, de los Tribunales Superiores y Juzgados de esa especialidad y fue así como dispuso que el encargado de dirigirla fuera un Fiscal General con amplias atribuciones como las de designar todo el personal a su servicio, entre otros el Vicefiscal, sus Delegados, los Directores Seccionales y los Fiscales, bajo su coordinación, distribuidos en todo el país con sus respectivos funcionarios y con un Cuerpo Técnico de Investigación a su alcance para la búsqueda de la verdad en todos los delitos de su competencia.
De lo anterior se deduce que con la creación de la Fiscalía General se conformó un ente judicial y nó político como pretendió transformarla Barbosa, el último de los Fiscales y quien siendo amigo del hoy expresidente Duque, parece haber sido escogido de la terna por la Corte Suprema, para sentar las bases de una posible candidatura presidencial, cometiendo toda clase de torpezas y atropellos contra el actual gobierno
Crear ese nuevo cuerpo judicial, fue sin ligar a dudas, obra de la Asamblea Nacional Constituyente, con el único propósito de disminuir la impunidad en la justicia penal, dado el desmesurado aumento de la delincuencia en Colombia, a tal punto que hoy, así nos duela reconocerlo, figura entre los tres primeros países del mundo donde se registra el mayor número de delitos-
Llega a tal punto el deseo e intención del legislador de convertir la investigación de los delitos, como parte independiente de su juzgamiento, en un organismo con autonomía suficiente, que a diferencia del anterior sistema dota al Fiscal General de atribuciones suficientes como las de “Investigar y acusar si hubiere lugar a los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución” De igual manera la de “Asumir directamente las investigaciones y procesos cualquiera sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos mediante orden motivada.” ( Art. 116,ords. 1 y 2 del C de P.P.)
De lo anteriormente expuesto se deduce con claridad que el cargo de Fiscal General nunca debe ser asignado a un político ni a un individuo con ínfulas de tal, como ocurrió con Barbosa, como tampoco a quien pudiendo haberse destacado en el campo administrativo o en el ejercicio de la profesión ha adquirido demasiados vínculos con aquellos a los que ha asesorado, que pudieren causarle futuros impedimentos.
Por esto último el Ex fiscal Néstor Humberto Martínez, quien había asesorado profesionalmente a Sarmiento Angulo, uno de los beneficiarios de la firma contratista Odebrecht, célebre por el reparto de jugosas comisiones a corruptos personajes, terminó involucrado en la misteriosa muerte por envenenamiento de Jorge Enrique Pizano, y, lo peor e incomprensible, la de su hijo Alejandro, al haber ordenado su archivo sin una instrucción suficiente que permitiere su esclarecimiento y, cuyo desarchivo ya fue ordenado por el Juez respectivo
Tarea ésta última, que es sólo una de tantas, que habrá de corresponderle a la nueva Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, entre las que se destacan varias investigaciones contra amigos y adeptos al gobierno anterior que permanecen engavetadas o inactivas por orden de su antecesor; el archivo de supuestas acciones inoficiosas contra funcionarios del actual gobierno; y, la búsqueda de celeridad en todas las investigaciones donde muchas aparecen inactivas por ausencia de sindicado conocido o porqué el delito carece de trascendencia publicitaria o no pasan de ser “diligencias preliminares” en poder de funcionarios del C:T:I.
Es lamentable que para lograr la elección de Fiscal General, una Corte Suprema integrada por 23 magistrados se haya tomado cerca de seis meses no obstante haber recibido de la Presidencia la terna en forma oportuna y conocer el final del periodo del que se va a reemplazar. De ahí que fue necesaria una presión popular pues de lo contrario otra hubiera sido la suerte, pues según se afirma a la mayoría de esos magistrados les convenía mantener el encargo de la Vicefiscal, pues en las diferentes oficinas de esas dependencias tienen el nicho varios de sus recomendados, donde fueron nombrados a cambio de la elección del fiscal saliente.
Es bueno que la nueva Fiscal, quien tiene al igual que sus otras dos compañeras de terna, una amplia trayectoria judicial, luche por todos los medios, contener la impunidad, la que a mi juicio en gran parte se debe a un exceso de garantías al sindicado o supuesto delincuente, comenzando por su captura que necesita ser legalizada por un Juez de Control de Garantías, dando la impresión de desconfianza al Fiscal o a la autoridad de Policía, lo que de no serlo en el tiempo señalado da lugar a su libertad, sea cual fuere la peligrosidad del mismo. Otro tanto puede predicarse de los términos para la imputación de cargos, de cuya duración, a través de conocidos trucos, se vale el abogado defensor para obtener la libertad de su cliente.
Esos y otros aspectos son los que requiere una completa reforma judicial que en muchos de sus aspectos necesita de una Constituyente, a la que tanto le temen muchos de nuestros políticos por temor a perder sus mal logradas prerrogativas.
