“El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Honorable Corte Constitucional, es noticia nacional desde que un mensaje suyo enviado a sus contactos privados en la cuenta en X se volvió público, por una maniobra mediática intencionalmente orientada a desprestigiar al ejecutivo nacional, sin que el autor del mensaje haya dado todavía explicaciones satisfactorias que excluyan su participación en la maniobra.
Al contrario, las apariencias de su conducta y “las máximas lógicas de la experiencia” – criterio de convicción empleado en la esfera judicial –, indican que el autor del mensaje está personalmente con el manejo público de su chat presuntamente privado. Dicho en su argot: no ha desvirtuado que conocía de antemano la consecuencia nociva de su actuar, y aun así actuó o consintió que alguien lo hiciera sin importarle que el daño previsible se produjese.
Sucedió el 14 de junio, cuando un medio radial ostensiblemente contradictor del gobierno Petro, usó el chat para “revelar” al público la primicia de que un magistrado de una alta corte, cuyo nombre nos reservamos – advirtió a la audiencia mañanera el emocionado director del radio noticiero creando suspenso–, estaba siendo espiado por el gobierno de Gustavo Petro. El mensaje leído denunciaba: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado.”
Nadie puede hacer un señalamiento tan preciso y grave sin las pruebas que permitan tener por cierto que se le escuchaba ilegalmente, que la ilicitud provino de una oficina estatal, y que era obra del gobierno.
Quien se ha hecho elegir en tan alto cargo, debe saber que los organismos de inteligencia del Estado colombiano no trabajan bajo las órdenes directas del presidente, como sí sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe; que la fiscalía, la policía, y el ejército cuentan con su propia inteligencia, y que la Dirección Nacional de Inteligencia que funciona en Palacio, es una oficina civil de análisis estratégico de gobierno sin equipos para interceptar comunicaciones. Y no puede ignorar centros de inteligencia ilegal descubiertos como “Andrómeda”, dedicado a espiar a los negociadores del proceso de paz con las FARC, en beneficio del Centro Democrático que se oponía a las negociaciones. Nadie puede garantizar que esas operaciones ilegales están desactivadas, y que no operan contra el gobierno del cambio, a pesar de la limpieza realizada en las cúpulas de la policía y el ejército. Desconocer esa realidad no excusa la ligereza de la acusación, si resulta infundada.
El chat del magistrado parecía un buen arranque para una novelita de intriga o un thriller de suspenso por las preguntas inmediatas que suscitaba: ¿Cómo un mensaje supuestamente destinado al círculo de amigos y parientes de un magistrado salta la línea de privacidad y llega a manos de un medio de comunicación masiva? No lo ha respondido el magistrado que abrió la puerta de los sustos descontrolado por los nervios de su “descubrimiento”, o por la ocasión de echar el agua sucia de sus suposiciones emocionales al gobierno de Petro.
Y habrá que preguntar, si la filtración a Caracol Radio fue por acto propio, o consintió que lo hiciera un miembro cercano de su grupo; ¿por qué el primero en dar la “primicia” es un tipo que trabaja duro para ganar el mérito de ser el más encendido opositor al gobierno del cambio?; ¿por qué el autor del chat se creyó blanco de persecución de ese gobierno? Y debe averiguarse, si el magistrado podía por sí mismo detectar “las chuzadas”; si no lo confundió la estática, una otitis, el pito en el oído causado por la presión alta; si contrató a una agencia privada; cuáles fueron las “fuentes” de su información; o si el personaje tiene la manía de creerse vigilado. Porque en 2019 el abogado Ibáñez denunció estar siendo espiado, cuando siendo árbitro estaba por dictar fallo contra Corficolombiana y Odebrecht por el contrato de la Ruta del Sol 2. En ese caso, él mismo detectó los carros que vigilaban frente a su oficina particular, una mujer policía que vigilaba le admitió que realizaban un operativo en la zona, un general de la Policía le confirmó el operativo sin reconocer que fuese en su contra; lo que él denunció.
En el 2019, el magistrado relató a la revista Semana los pormenores del seguimiento. ¿Por qué ahora no ha revelado ningún detalle de las presuntas “chuzadas” del Estado? Parece demasiado arriesgado hacerlo.
Como el cometido inicial para el que se prestó produjo una avalancha noticiosa, los medios lo asediaron por más detalles que no dio. Semana publicó una carta suya que nadie más pudo entregar, por ser el único interesado. E impulsado por el nerviosismo de sus propios actos, se dedicó a una actividad febril de micrófonos y cámaras, ruedas de prensa y entrevistas concedidas con el tino extraño de preferir a los medios más encarnizados con el gobierno de izquierda que parece estar interesado personalmente en afectar, convertido por dos semanas en su tamborcito de hojalata. Olvidó el programa de Fernando Londoño, tan interesado en hacer trizas la gobernabilidad, y a Salud Hernández, a quien tal vez confundió con una EPS próxima a liquidarse.
Sin embargo, la alharaca de las “gravísimas revelaciones” contra el gobierno Petro fue declinando con cada aparición del magistrado Ibáñez. Ya no está seguro de nada, no se atreve a señalar con el dedo a nadie, insistiendo en que solo pide que se investiguen los hechos irregulares, porque es su obligación denunciar.
En sus declaraciones, el hierro del chat se transformó en gelatina vacilante.
Es un denunciante en reversa, temeroso de seguir haciendo imputaciones criminales que puedan ser punibles. Incluso negó en su rueda de prensa, que otros colegas hubiesen dicho que estaban “chuzados”. “Aun así – dijo –, muchos le manifestaron a la fiscal que se detendrían a revisar sus equipos para hacerle ver si encontraban alguna irregularidad”. Tremenda majadería de remate.
Desdiciéndose, apareció en la entrevista publicada el 2 de julio en El Tiempo, cuando al preguntársele si creía que en las chuzadas tuviese que ver el presidente, contestó: “Lo digo con absoluta sinceridad: estoy lejos de creer, bajo ningún punto de vista, que el señor Presidente de la República, respetuoso del deber constitucional y del Estado de Derecho, hubiera ordenado usar el aparato estatal para hacer cualquier actividad ilegal.”
Y más adelante reconoció “que las autoridades legítimamente constituidas están cumpliendo integralmente con sus obligaciones. Ahora, que haya alguien que esté incumpliéndolas ilegalmente, ese es un tema que en todo caso se tiene que investigar, como lo están haciendo”.
Comenzaba a desmontarse de la patineta que lo llevaba sobre hielo. Aunque, “más vale tarde que nunca, compadre”, dice un vallenato adjudicado erróneamente a Noel Petro – travesura de las musas –, porque originalmente fue una milonga triste grabada hace un siglo en Argentina.
Así fue declinando el novelón mediático al que se prestó el magistrado de la Corte Constitucional para desprestigiar un gobierno con el que carece de sintonía ideológica; después de ayudar a echar a rodar la bola popular de que, “cuando el río suena piedras trae”. En un país partido en dos mitades políticamente, la de la derecha da por cierto que el gobierno es culpable.
Cuando la fiscalía entregue su reporte final, se sabrá si la vigilancia ilegal existió, y desde qué oficina, garaje o cuartel operaban los perpetradores.
Y si la denuncia del chat tuvo causa real, o si la motivaron las convicciones ideológicas de su autor, creyendo necesario aportar su concurso al trabajo concertado de erosionar el gobierno.
Entonces se sopesarán las responsabilidades individuales, o se concluya que no ha sido más que “un parto de los montes”: el nacimiento de un ratón en lugar de un león, después del terrible escándalo en la montaña.
